Los ojos de Andrea Clausen brillan de frustración mientras mira el puerto lluvioso de Puerto Argentino, la capital del tamaño de un pueblo de las Islas Malvinas, donde encabeza el gobierno de este territorio británico de ultramar.
La calle frente a su oficina se llama Thatcher Drive, en referencia a la primera ministra británica que repelió la invasión argentina de las islas en 1982.
Más de cuatro décadas después, la Argentina sigue sometiendo al archipiélago a una “guerra económica”, dice Clausen.
Las restricciones de la Argentina marcaron la vida en estas islas remotas y azotadas por el viento del Atlántico Sur, cuyos 3500 habitantes el país considera una “población implantada ilegalmente”.
Las Malvinas tienen apenas un vuelo comercial semanal a Chile y una única conexión marítima con Uruguay, lo que a veces provoca faltantes de queso y otros alimentos básicos. La mayoría de los proveedores internacionales se niega a atender a empresas de las islas por temor a enojar a su vecino sudamericano.
“El resto del mundo no tiene idea de lo que es estar sometido a esto, pero nosotros lo conocemos muy bien”, dijo Clausen, que llegó a las islas de chica en la década de 1970. “Solo que esta vez los métodos parecen más organizados”.
A Clausen le preocupa que la red de sanciones de la Argentina se ajuste todavía más.
Este mes, el presidente argentino de derecha, Javier Milei, intensificó los esfuerzos para perjudicar a las empresas de las Malvinas y declaró que su incipiente industria petrolera era “un peligro urgente” para los intereses de su país.
Milei dijo el lunes que iniciará un arbitraje internacional contra el Reino Unido en dos semanas si no frena el primer proyecto petrolero comercial de las islas, que debe empezar a producir en 2028 y tiene el potencial de transformar la economía del archipiélago.
El yacimiento, aprobado el año pasado por el gobierno isleño, en gran medida autónomo, reavivó la disputa de 200 años entre Argentina y el Reino Unido. El presidente de EE.UU., Donald Trump, echó leña al fuego al sugerir que Washington podría reconsiderar su neutralidad sobre la soberanía del territorio.
El nuevo régimen de sanciones propuesto por Milei, enviado este mes al Congreso de la Nación, endurece las penas para las empresas que operan en las Malvinas y amplía los objetivos para incluir a sus proveedores. Parece apuntar tanto al petróleo como a la pesca, que aporta más de la mitad del PBI de las islas.
Funcionarios británicos y de las islas siguen de cerca hasta dónde llegará Milei. Los analistas sostienen que su ofensiva soberanista busca, sobre todo, revertir una caída de su popularidad en momentos en que la economía argentina se estanca, a un año de las elecciones presidenciales.
En Puerto Argentino —que consiste en unas pocas calles de casitas de colores vivos, media docena de pubs y algún que otro pingüino papúa— el clima es de exasperación silenciosa.
“No somos una pieza que se mueve de un lado a otro en el tablero”, dice Michael Goss, criador de ovejas, guía turístico y legislador, en referencia a los comentarios de Milei y de Trump. “Estamos hartos”, agrega, desde el edificio de la asamblea legislativa.
El presidente estadounidense dijo este mes que el Reino Unido “no es el mismo país que era” cuando derrotó a la Argentina en 1982.
En una estancia ovina aislada, a dos horas de Puerto Argentino, el productor Nick Pitaluga, vestido de lana y cuyo antepasado llegó desde Gibraltar en 1838, es uno de los muchos isleños decididos a demostrar que el archipiélago no se deja intimidar por la campaña de presión de Milei.
“Quedó demostrado que la Argentina no hace falta en las Malvinas para nada económico ni social ni nada por el estilo”, dice Pitaluga, sentado en su cocina helada. A su juicio, Milei está “tratando de inflar esto, más o menos”.
Las Malvinas estaban deshabitadas cuando los navegantes europeos las descubrieron hace unos 500 años. Según el relato de los isleños, Gran Bretaña se impuso en una disputa con España y Francia por el archipiélago en el siglo XVIII.
Según la versión argentina, los británicos invadieron un antiguo territorio español que Argentina había heredado y reclamado tras la independencia, expulsaron a sus representantes y luego asentaron ilegalmente a descendientes británicos.
Unos 1500 de los actuales habitantes de las islas nacieron allí; el resto proviene, en su mayoría, del Reino Unido, del territorio británico de ultramar de Santa Elena, de Filipinas y de Chile.
Las conexiones con el mundo exterior están limitadas tanto por la geografía como por las sanciones. Un viejo chiste dice que la diferencia horaria con Londres es de cuatro horas más 30 años.
Por las escasas conexiones marítimas, un kilo de verduras frescas puede costar £ 12 en el supermercado. Hasta la reciente llegada de Starlink, las facturas de internet llegaban a cientos de libras por un servicio limitado. Las fuerzas armadas operan vuelos a la base aérea británica de Brize Norton, en Oxfordshire.
La escasez de trabajadores de la construcción hace que la lista de espera para viviendas nuevas se extienda durante años y un error al pedir materiales puede causar demoras carísimas.
“Vivir acá es un esfuerzo constante y a veces es increíblemente frustrante”, dijo Lisa Watson, editora del diario local Penguin News. “Sin querer romantizarlo, los isleños siempre fueron pioneros”.
Si bien el Reino Unido paga la defensa de las islas y mantiene una base militar en la isla Soledad, el gobierno isleño es, por lo demás, financieramente autosuficiente gracias a las licencias de pesca que empezó a vender en 1986.
El calamar y otros productos del mar, junto con el turismo de cruceros basado en la fauna, enriquecieron al gobierno lo suficiente como para pagar el envío de todos los chicos al Reino Unido para cursar los últimos años de la secundaria y la universidad.
Las autoridades preparan actualmente una segunda conexión marítima con el sur de Chile. Algunos isleños temen que la Argentina intente obstaculizar esos esfuerzos.
“Somos apenas unos pocos miles de personas tratando de que el viento no nos vuele de una roca”, dijo el conductor de radio local Ronnie MacLennan Baird. “Solo queremos seguir con nuestras vidas”.
Las Malvinas son una obsesión nacional en la Argentina. Las islas aparecen estampadas en colectivos y paredes y ocupan un lugar destacado en los programas escolares.
Los isleños dijeron que las tensiones con la Argentina aumentaron desde que la selección enfrentó a Inglaterra en el Mundial de junio-julio. Los jugadores argentinos, victoriosos, salieron a la cancha con una bandera que decía: “Las Malvinas son argentinas”.
La posterior ola de fervor nacionalista en la Argentina desató una avalancha de reseñas burlonas en Google sobre comercios de las islas y publicaciones falsas de lugares como “Diego [Maradona] Grill”.
“Es desagradable y molesto”, dijo Alex Olmedo, un chileno que se mudó a las Malvinas en los años 90. En respuesta, colgó banderas de las islas alrededor de su hotel frente al agua en Puerto Argentino.
Una de las pocas conexiones de la Argentina con las islas es un vuelo mensual desde la pequeña ciudad de Río Gallegos, en el sur del país, que suele usarse para trasladar a veteranos de guerra a visitar su cementerio en la isla Soledad. La Argentina lo considera un vuelo de cabotaje y no realiza controles migratorios, pero las autoridades isleñas sí.
Ramón Robles, que fue conscripto y combatió para la Argentina en 1982, viajó tres veces. “Cada vez que voy, tengo que destruir el pasaporte porque no soporto ver el sello”, explicó.
Al principio de su mandato, Milei había descongelado la relación con Londres e incluso aceptó aumentar los vuelos a las islas.
Pero ahora sus funcionarios sostienen que el proyecto petrolero israelí-británico de u$s 2200 millones, que apunta a producir 50.000 barriles diarios, es un punto de inflexión porque viola una resolución de la ONU que prohíbe cambios “unilaterales” en el statu quo de las islas.
El proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore a unos 220 km al norte de las Malvinas, debe empezar a producir en 2028. Este mes, Milei impulsó acciones penales contra sus ejecutivos y accionistas.
“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato”, dijo Milei este mes ante la Asamblea General de la ONU, en referencia a su nuevo régimen de sanciones. “Va a tomar cartas en el asunto”.
Las dueñas del proyecto, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dijeron que no creen que las medidas de Milei afecten su cronograma.
La semana pasada, el gobierno isleño anunció que prorrogará las licencias de exploración de varios yacimientos offshore que estaban por vencer. El Reino Unido, en tanto, envió cartas para dar “tranquilidad” a las empresas que habían recibido cartas de advertencia de la Argentina.
Algunos isleños temen que se repitan los intentos previos de desarrollar el mismo yacimiento, que se demoraron por rondas anteriores de sanciones y se derrumbaron tras las caídas de precios de 2014 y 2020.
Pero apuestan a que el proyecto, que en su pico podría triplicar el PBI, reduzca la dependencia de la volátil industria pesquera. Los ingresos se destinarán a mejorar una infraestructura deteriorada y, posiblemente, a un fondo soberano.
“Nunca queremos depender de la ayuda del Reino Unido”, dijo Stirling Harcus, director de la Cámara de Comercio de las islas.
“Ya somos una economía autosuficiente en crecimiento, pero el petróleo potenciaría enormemente ese proceso”.
