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El Gobierno comenzó este martes con la defensa de su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo había presentado su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles. Se trata de la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
“Argentina reitera aquí, hoy, ante ustedes, su ofrecimiento de larga data al Reino Unido de reanudar las negociaciones con miras a resolver todos los aspectos de la disputa”, dijo el asesor legal de la Cancillería Mario Oyarzábal al término del primer día de la argumentación argentina ante el TIDM, al que Buenos Aires pide medidas cautelares para frenar el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en 2027 frente a la costa de las islas.
La comitiva oficial la encabezan la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y la integran el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, que actuará como agente; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.
Argentina “invita al Reino Unido a cumplir con su obligación de no adoptar medidas que hagan más difícil o imposible la solución de la controversia, a abstenerse de cualquier acto que pueda poner en riesgo u obstaculizar el logro de un acuerdo definitivo, y a desplegar todos los esfuerzos necesarios para concertar arreglos provisionales de carácter práctico en tanto se logra dicha solución”, dijo Oyarzábal.
La presentación fue preparada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro. Además, Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, tiene un rol clave como asesor externo en la ingeniería legal: fue uno de los que expuso el caso argentino.
Lo acompañaron Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.
Qué expuso la Argentina
El país centró su presentación en las consecuencias que podría tener el avance de la actividad petrolera británica en las aguas próximas a las islas. En ese sentido, Oyarzábal explicó que la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene un objetivo concreto: impedir que la explotación de los recursos naturales de la zona produzca cambios irreversibles antes de que se resuelva la controversia entre ambos países.
Las empresas prevén iniciar los trabajos en marzo de 2027 y comenzar a explotar el yacimiento en 2028. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, dijo Oyarzábal.
“Durante más de 50 años, los dos Estados han mantenido una controversia relativa a la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos de la plataforma continental que rodea las islas”, explicó Oyarzábal.
En este sentido, aclaró que no se apunta a que el organismo internacional resuelva quién tiene la soberanía sobre el archipiélago ni que se expida sobre la delimitación marítima. La discusión, en esta instancia, está vinculada con los derechos que la Argentina considera afectados por las decisiones unilaterales de Londres.
Oyarzábal instó a los magistrados del TIDM a “asegurar que no se lleve a cabo ninguna nueva perforación en una zona en disputa en tanto esté pendiente el laudo arbitral”.
El balance de las consecuencias, argumentó: “no podría ser más claro”. En esa línea, repasó los antecedentes de la disputa, las gestiones diplomáticas y las distintas resoluciones argentinas frente al avance británico. También hizo referencia a la falta de una respuesta favorable del Reino Unido, que ratificó su intención de seguir adelante con el emprendimiento petrolero. También recordó que el 28 de septiembre la Argentina respondió con el inicio del procedimiento arbitral.
El embajador identificó cuatro principios de la CONVEMAR que, según sostuvo, respaldan la posición argentina:
- La preservación de los derechos soberanos sobre la plataforma continental hasta que se resuelva la disputa;
- La prohibición de avanzar unilateralmente sobre los recursos no renovables de esa zona;
- El deber de no entorpecer las vías de solución del conflicto;
- La obligación de garantizar la protección del ambiente marino.
Para el Reino Unido, el tribunal de Hamburgo no tiene jurisdicción sobre soberanía de Malvinas
Por su parte, el Reino Unido rechazó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo tenga jurisdicción para examinar la reclamación argentina sobre la soberanía de las Malvinas y aseguró que defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas, señaló la fiscal general británica, Ellie Reeves.
La fiscal había declarado al diario The Times que comparecerá personalmente ante el tribunal en Hamburgo (TIDM), que este martes empezó a escuchar los argumentos de Argentina y el Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para que se impida el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion.
Cómo seguirá el cronograma en Hamburgo
Según el cronograma oficial, el Reino Unido tendrá la palabra de 15 a 18 hora local. El miércoles habrá una segunda ronda con repreguntas: la delegación argentina irá de 10.30 a 12 y la británica de 17.30 a 19, todo hora de Hamburgo. Las exposiciones serán en inglés o francés y se podrán seguir por streaming en el sitio del Tribunal del Mar.
El pedido forma parte del arbitraje que el Gobierno inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre dentro del marco de la CONVEMAR.
Tras las audiencias, el Gobierno estima que el Tribunal dictará su orden en un plazo de entre dos y cuatro semanas, es decir, hacia la segunda mitad de noviembre o comienzos de diciembre. El antecedente que mencionan es el de la fragata Libertad, retenida en Ghana. En aquel episodio, la Argentina pidió medidas el 14 de noviembre de 2012, los jueces escucharon a las partes el 29 y 30, y el buque fue liberado el 15 de diciembre. Aclaran, sin embargo, que ese caso no fija un plazo obligatorio.
