El nuevo presidente de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta la primera gran prueba de su política de seguridad de mano dura, luego de que hombres armados atacaran un destino turístico en la costa caribeña del país.
De la Espriella, que asumió en agosto con la promesa de combatir el crimen organizado, ordenó el envío de 1.100 efectivos a Santa Marta, meca de mochileros, después de que hombres armados incendiaran vehículos, entre ellos un colectivo, y amenazaran a comerciantes a principios de la semana pasada.
La ciudad se vació rápidamente y permaneció prácticamente desierta durante buena parte de la semana; muchos pequeños negocios recién abrieron el viernes, tras días con las persianas bajas.
El presidente, un exabogado penalista multimillonario que se hace llamar “El Tigre”, atribuyó los hechos a la organización criminal local Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La violencia pareció ser una represalia por un operativo militar que había matado a 13 integrantes de la banda un día antes.
Las consecuencias ponen de relieve los riesgos que enfrenta el gobierno, cuyo enfoque militarizado rompe con la estrategia de “paz total” del expresidente Gustavo Petro, basada en negociar con los grupos armados.
“El gobierno tiene que cuadrar el círculo”, dijo Elizabeth Dickinson, subdirectora para América latina de International Crisis Group. “Ir tras estos grupos y presionarlos... y, al mismo tiempo, asegurarse de que los civiles no paguen el precio de la violencia resultante”.
Como recién llegado a la política, De la Espriella también está bajo presión para demostrar que puede transformar la agresiva retórica en redes sociales de su campaña electoral en un conjunto coherente de políticas. El viernes por la noche encabezó un consejo de seguridad en Santa Marta, mientras la ciudad empezaba a recuperarse de días de tensión.
“El presidente pensó que una campaña mediática y la fuerza militar alcanzarían por sí solas para desarticular a un grupo armado”, dijo Norma Vera Salazar, investigadora en seguridad radicada en Santa Marta. “Pero subestimó lo que el grupo realmente podía hacer y cuánto dinero estaba ganando con el delito”.
En un video publicado en su cuenta de X el martes por la noche, De la Espriella recorrió en un vehículo blindado Santa Marta, prácticamente desierta de noche tras los ataques.
“Son muy duros y muy machos a la hora de atacar a gente inocente”, dijo, con un chaleco antibalas y una pistola enfundada en la cintura. “Pero cuando el gobierno los enfrenta, se asustan como las ratas miserables y desgraciadas que son”.
De la Espriella, que expresó su admiración por el hombre fuerte de derecha de El Salvador, Nayib Bukele, prometió durante la campaña construir megacárceles en la selva amazónica para alojar a delincuentes. Desde que asumió, trabajó para recomponer la relación con Washington, que se había tensado bajo Petro, y este mes se sumó a Escudo de las Américas, la alianza contra las pandillas liderada por EE.UU.
El jueves también supervisó un operativo militar en la ciudad de Cali, en el sudoeste del país, en el que fueron detenidos más de 80 presuntos pandilleros. En un video publicado por el gobierno, se lo ve diciéndole a un sospechoso capturado: “Bienvenido a la ‘patria milagro’”, en referencia a uno de sus lemas de campaña.
Sin embargo, el estilo estridente de De la Espriella generó críticas de organizaciones de derechos humanos, en particular después de que publicara un video en el que caminaba entre los cadáveres de 23 presuntos guerrilleros, a principios de este mes.
Las Fuerzas Armadas de Colombia combaten desde hace décadas a carteles, guerrillas y grupos paramilitares, en un conflicto que se cobró unas 450.000 vidas entre 1958 y 2016, según la Comisión de la Verdad del país.
El mayor grupo rebelde, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se desmovilizó en 2016, pero varias facciones disidentes, junto con otros grupos armados, siguieron haciéndole la guerra al Estado mientras se benefician de las economías ilícitas.
Durante los cuatro años de la política de “paz total” de Petro, la cantidad de integrantes de grupos armados creció 90%, de 15.120 a 28.802, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de estudios con sede en Bogotá.
La producción de cocaína también se disparó desde el acuerdo de paz de 2016: la superficie destinada al cultivo de coca aumentó alrededor de la mitad entre 2018 y 2023. La fumigación aérea de presuntas plantaciones quedó prácticamente prohibida tras un fallo judicial de 2015, lo que contribuyó a acelerar el aumento de la producción, y el intento de De la Espriella de retomar esa práctica fue frenado por los tribunales este mes.
Entre los muertos en el operativo militar contra las ACSN del lunes estaba José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, quien según las autoridades era el número dos del grupo. Otro de sus principales cabecillas, conocido como “Bendito Mayor”, murió en un operativo distinto en La Guajira el 4 de septiembre. Ambos habían estado negociando con el gobierno de Petro.
“El problema en Colombia es que cada vez que se neutraliza a un líder o a un grupo, siempre habrá otro listo para ocupar su lugar”, dijo María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP. “Y entonces la pregunta es: ¿cuál es la capacidad del Estado para mantener un control permanente sobre su territorio?”.
En Santa Marta, los vecinos se quedaron mayormente en sus casas esta semana tras la violencia. Las zonas de mercado, habitualmente un centro de actividad, estuvieron tranquilas el miércoles, según informes. Los restaurantes y bares cercanos a las playas, populares entre los turistas, permanecieron cerrados.
El gobernador regional recorrió el centro colonial de la ciudad e instó a los comerciantes a reabrir y a resistirse a pagar extorsiones.
“La ciudad es un pueblo fantasma y nadie se atreve a salir de su casa”, dijo el miércoles Edinson Sánchez, taxista local. “Estamos todos esperando a ver si las cosas se calman y si es seguro volver a trabajar”.
