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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves en La Moncloa una reunión con un grupo de personas inmigrantes que se acogieron a anteriores procesos de regularización y con entidades que trabajan en el ámbito migratorio.
El encuentro se ha producido días después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado martes un real decreto de regularización extraordinaria que afectará a aproximadamente medio millón de migrantes en España.
En la reunión, Sánchez ha agradecido a las organizaciones su labor para hacer posible el actual proceso, al que ha calificado de “histórico” por el avance “social, económico y moral” que representará para el país.
Ha subrayado que el éxito del proceso dependerá no solo de su gestión administrativa, sino también de la integración de estas personas en el tejido empresarial y de la capacidad de la sociedad para “fomentar una convivencia constructiva que neutralice los mensajes de odio y polarización” que, a su juicio, impulsa una parte “muy minoritaria” de la población.
Las entidades y organismos presentes en el encuentro
La reunión ha contado con una representación amplia de organizaciones sindicales, empresariales, religiosas y del tercer sector.
Entre los participantes figuran CEPYME, UGT, CCOO y la Confederación Nacional de la Construcción, junto al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Graduados Sociales y la Conferencia Episcopal Española. También han estado presentes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación Ibn Battuta, el Movimiento Regularización YA, el Movimiento por la Paz y varias fundaciones especializadas en atención a población migrante, entre ellas SUR ACOGE, CEPAIM, Rumiñahui, Agricultores Solidarios y ACULCO.
Por parte del Ejecutivo han participado además la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
El Supremo rechaza la suspensión urgente del decreto
En paralelo al encuentro en La Moncloa, el Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la medida cautelarísima al considerar que no concurren circunstancias de especial urgencia, y ha acordado tramitar el recurso por el procedimiento ordinario, dando un plazo de 10 días al Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, para presentar alegaciones.
En su auto, el alto tribunal ha razonado que la urgencia no puede derivar de la mera fecha de entrada en vigor de una norma, sino de la existencia de una situación objetiva que aconseje una actuación inmediata.
Ha añadido que, precisamente por establecer el decreto unos procedimientos con plazos y trámites propios, “no puede apreciarse una situación de urgencia, ni el riesgo de que se produzcan situaciones consolidadas irreversibles” tramitando la medida por la vía ordinaria.
Se trata del primer asunto que el Supremo tramita en relación a esta regularización. El BOE publicó ayer el texto del real decreto, que ha entrado en vigor este mismo jueves, fecha desde la que ya es posible comenzar a tramitar las solicitudes. Varios gobiernos autonómicos del PP han anunciado que también recurrirán la norma, lo que previsiblemente abrirá nuevos frentes judiciales en las próximas semanas.