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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la inocencia de Álvaro García Ortiz, el ya ex fiscal general del Estado, tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos. “El tiempo pondrá las cosas en su sitio”, ha afirmado durante la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso.
En medio de la polémica, y tras declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, Sánchez ha reiterado su confianza en García Ortiz y ha abierto la puerta a que instancias superiores, como el Tribunal Constitucional o los tribunales europeos, puedan revisar la sentencia.
La defensa de Sánchez en el Congreso
El presidente argumentó que, aunque acata el fallo del Tribunal Supremo, existen otras instancias —como el Tribunal Constitucional o tribunales europeos— que podrían revisar los puntos controvertidos de la sentencia.
Sánchez además recordó que varios periodistas con “dilatada experiencia en información judicial” declararon en el juicio que el fiscal “no era el origen de la supuesta filtración” que motivó su condena. Con ello, abrió la puerta al recurso y al debate político, mientras inicia el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general.
Las consecuencias de la condena a García Ortiz
El fallo del Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos. La sentencia impuso una pena de dos años de inhabilitación, una multa y una indemnización a favor del denunciante.
La condena ha desencadenado no solo un terremoto político, sino preguntas sobre el funcionamiento interno de la Fiscalía y su relación con el poder ejecutivo.
El pluralismo social y judicial se ha puesto en tensión. Varias voces, como la del periodista citado durante el juicio, aseguran que “el juicio no ha aportado ni una sola prueba” contra García Ortiz, lo que para algunos invalidaría el fallo.
Mientras tanto, miles de ciudadanos siguen con atención la evolución del caso, pendientes de la publicación completa de la sentencia y del eventual recurso ante otras instancias.
El Gobierno ya ha activado el procedimiento para designar un sustituto de “máxima solvencia”: entre los nombres que suenan está Teresa Peramato, aunque el relevo depende de que la dimisión de García Ortiz se formalice.
Implicaciones para la justicia y el Gobierno
Este giro institucional pone en evidencia la fragilidad actual del sistema judicial y político: un fiscal general condenado se enfrenta a la pérdida de su cargo, mientras el Gobierno mantiene su respaldo. Para muchos ciudadanos supone un choque de confianza. Para otros, un recordatorio de que la justicia no está por encima de la política.
Sánchez ha señalado que “respetan la sentencia, pero discrepan de su orientación” y apuesta por la revisión del fallo. De ese modo, abre la puerta a procesos de impugnación ante tribunales superiores e incluso ante instancias europeas, lo que podría prolongar la polémica durante meses.