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El juez Juan Carlos Peinado ha decidido continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, y contra las otras tres personas investigadas, y ha imputado a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz.
En un auto fechado el pasado 4 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado rechaza el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continúa la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
E imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, citándola para el próximo 12 de noviembre.
Los fundamentos del juez: apoyo en la sentencia del procés
En su resolución, el juez Peinado cita la sentencia del procés del Tribunal Supremo, dictada por el magistrado Manuel Marchena, para reforzar la investigación por malversación. Según explica, el Supremo establece que la “deslealtad en la administración de fondos públicos” puede constituir malversación aunque no exista un perjuicio económico directo.
“Destinar fondos públicos para el pago de una persona que realiza funciones públicas, pero que además dedica parte de su jornada laboral a actividades privadas, puede considerarse desleal y, por tanto, malversación”, argumenta Peinado en el auto.
¿Qué dice el juez Peinado sobre el caso Begoña Gómez?
El juez decidió seguir adelante con el procedimiento de jurado, al considerar que los delitos investigados son conexos, y que el presunto tráfico de influencias de Gómez se extiende al resto de las conductas. Para justificar la acumulación de los delitos, cita un precedente del caso contra la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.
Peinado señala que “el origen de los hechos delictivos” radica en la relación de parentesco de Gómez con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que considera la “causa fundamental” para la posible comisión de los delitos.
“Sin ese vínculo, difícilmente podrían haberse producido las conductas investigadas”, sostiene el juez.
De esta forma, el magistrado acuerda continuar el procedimiento por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez.
La situación de los demás investigados
La causa contra Cristina Álvarez continúa por los presuntos delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación; mientras que Francisco Martín Aguirre será investigado solo por malversación de caudales públicos. En cuanto a Juan Carlos Barrabés, el empresario enfrentará cargos por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El juez también rechazó que declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que “sería inútil” ya que ya se acogió a su derecho a no declarar. No obstante, deja abierta la posibilidad de que cambie de opinión.
Además, Peinado no admitió una nueva declaración del ministro Félix Bolaños, quien ya compareció en fases anteriores cuando ejercía como secretario general de Presidencia. El magistrado recordó que pidió imputar a Bolaños por falso testimonio, aunque el Tribunal Supremo rechazó la solicitud por falta de indicios.
¿Qué pruebas solicitó el magistrado?
El auto conocido esta semana ordena nuevas diligencias para profundizar en la investigación. Entre ellas, el juez pide:
- La entrega de correos electrónicos y agendas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez, que serán analizadas por la UCO.
- La entrega de los pasaportes de ambas para verificar fechas y coincidencias de viajes al extranjero.
- Que la Presidencia del Gobierno remita toda la información sobre los viajes de Cristina Álvarez financiados con fondos públicos, desde su contratación en julio de 2018 hasta la actualidad.
- La declaración como testigos de Juan Carlos Doadrio (exvicerrector de la Universidad Complutense), Diego de Álcazar (presidente del Instituto de Empresa) y Miguel Escassi (responsable de políticas públicas de Google).