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El Tribunal Supremo ha rechazado la petición urgente presentada por varios senadores del PP para que el Gobierno garantizara en un plazo máximo de 24 horas la comparecencia de varios ministros en el Senado durante agosto por la crisis migratoria en Ceuta.
La decisión afecta a la medida cautelarísima solicitada después de que los titulares de Interior, Defensa y Exteriores no acudieran a las comisiones a las que habían sido convocados este mes. El Supremo, sin embargo, no cierra el procedimiento: ordena que la petición continúe por la vía cautelar ordinaria.
El tribunal da ahora diez días a la Abogacía del Estado para presentar sus alegaciones antes de decidir sobre esa petición.
Por qué el Supremo rechazó la petición urgente del PP
La Sala de vacaciones del Supremo considera que los senadores del PP no han demostrado que exista la urgencia excepcional necesaria para adoptar una decisión sin escuchar previamente a la otra parte.
El auto sostiene que “a la vista de las alegaciones efectuadas, no se considera procedente conceder la medida cautelar inaudita parte solicitada, puesto que no se ha acreditado la especial urgencia legalmente exigible para proceder de esta manera con sacrificio del derecho de audiencia de la parte contraria”.
Uno de los puntos centrales del conflicto es el derecho de los senadores a ejercer el control parlamentario al Gobierno. Los recurrentes vinculan ese derecho al artículo 23.2 de la Constitución y defendían que las comparecencias debían producirse antes de terminar agosto.
Sin embargo, el Supremo responde: “En particular, no se justifica suficientemente que el control parlamentario que los recurrentes ligan al efectivo ejercicio de su ius in officcium como senadores, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, deba necesariamente producirse, para ser eficaz, dentro del periodo extraordinario del mes de agosto (del que resta únicamente una semana)”.
Además, la Sala señala que la tramitación ordinaria no supondría una demora excesiva: “si tenemos en cuenta que la resolución de la medida cautelar por su trámite ordinario no se demorará excesivamente”.
Qué había pedido el PP al Supremo por las comparecencias en el Senado
El PP acudió al Supremo después de las incomparecencias de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores en las comisiones convocadas para analizar la crisis migratoria en Ceuta.
Los populares pretendían que el Ejecutivo adoptara las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los ministros “durante la primera semana temporalmente útil y, en todo caso, antes de la finalización del período inhábil actual”, que concluye el 31 de agosto.
El partido también había solicitado que el Gobierno se abstuviera de condicionar las convocatorias del Senado a su sustitución por comparecencias promovidas por el propio Ejecutivo en el Congreso.
Para justificar la urgencia, los recurrentes alegaron que “cada día sin comparecencia prolonga la privación del derecho”. También advirtieron: “La tutela solicitada perderá su objeto si se demora”.
El Supremo no comparte ese argumento. La Sala sostiene que “ninguna razón se ofrece para justificar que el recurso perdería su finalidad legítima de amparar o proteger el derecho fundamental cuya lesión se invoca, derecho al ejercicio del cargo representativo que la condición de senador conlleva, al que resulta inherente la facultad de control del Gobierno, por la sola circunstancia de que dicho control pudiera llevarse a cabo tras sustanciarse la medida cautelar con audiencia de la contraparte”.
Qué pasa ahora con la petición del PP ante el Supremo
El rechazo de la medida cautelarísima no supone el cierre definitivo del conflicto judicial. El Supremo ha decidido tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario, que permite escuchar previamente a la parte contraria.
Por ese motivo, la Sala concede diez días a la Abogacía del Estado para presentar sus alegaciones. Una vez cumplido ese trámite, deberá resolverse la petición cautelar del PP.
El tribunal tampoco considera que el paso del tiempo elimine el interés de la cuestión relacionada con la crisis migratoria en Ceuta. El auto subraya: “Sobre todo porque no se advierte que vaya a desaparecer el interés público de la cuestión sustantiva que, según se alega, sustenta las peticiones de comparecencia convocadas, centrada en la grave crisis migratoria que viene padeciendo en estos días Ceuta”.
La clave de la resolución, por tanto, está en el procedimiento elegido. El Supremo no entra ahora a resolver definitivamente el fondo de la petición, sino que rechaza hacerlo mediante una medida excepcional y sin audiencia previa de la otra parte.
El PP lleva ahora la presión al Congreso por la crisis de Ceuta
En paralelo al procedimiento ante el Supremo y a las convocatorias del Senado, el PP ha elevado la presión política sobre el Gobierno por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, aseguró que “La próxima semana empieza la hora de la verdad” y reclamó que los ocho ministros convocados en el Congreso expliquen “con rotundidad y con claridad” lo ocurrido.
Según la información comunicada por el partido, las comparecencias previstas son:
- Martes: Margarita Robles, ministra de Defensa.
- Jueves: Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Mónica García, ministra de Sanidad.
- Viernes: Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores; y Elma Saiz, ministra de Migraciones.
- Lunes siguiente: Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, y Ana Redondo, ministra de Igualdad.
“Queremos la verdad completa”, afirmó Fúnez. El PP también pretende exigir en la Diputación Permanente que el presidente del Gobierno comparezca ante el Pleno del Congreso y “ponga la cara” por lo sucedido.
De esta manera, el conflicto continúa en dos frentes. Mientras el Supremo tramitará por la vía ordinaria la petición relacionada con el Senado, la discusión política sobre la crisis migratoria en Ceuta se trasladará en los próximos días al Congreso.
