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Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se enfrenta a un juicio en el Tribunal Supremo por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide para él 19 años y medio de prisión, mientras que las acusaciones populares elevan la solicitud a 30.
Frente a esto, García ha solicitado su absolución y sostiene que los hechos “no son constitutivos de delito alguno”. Desde prisión preventiva, ha presentado un extenso escrito de defensa en el que alega que su actuación se ajustó a la legalidad y que no tuvo capacidad para influir en las adjudicaciones de contratos públicos.
El caso gira en torno a la empresa Soluciones de Gestiones, presuntamente beneficiada por esta trama durante la emergencia sanitaria.
Koldo García solicita testigos clave del Gobierno para desmontar la acusación
En su estrategia, la defensa de Koldo solicita la declaración de 75 testigos, entre ellos tres nombres relevantes: el presidente de Cataluña, Salvador Illa, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, considera que estas declaraciones son “indispensables” para probar que las compras de material sanitario “no fueron asaltadas por una trama”, sino que se realizaron “por criterios de estricta necesidad en un mercado colapsado”.
También sostiene que la intervención de su cliente fue una “colaboración logística entre departamentos ministeriales coordinada por el mando único”. Koldo también busca que Armengol aclare que no hubo “orden o recomendación vinculante” por su parte para contratar con la empresa investigada.
Respecto a Grande-Marlaska, su defensa insiste en que García “no ostentaba cargo, poder ni capacidad para alterar las adjudicaciones”.
Una defensa que pone en duda el papel del empresario Aldama
La estrategia también apunta al empresario Víctor de Aldama, señalado como el presunto comisionista que colaboró con la Fiscalía y que hizo pagos a Koldo, supuestamente en efectivo. La defensa solicita un informe patrimonial sobre Aldama para comprobar “la capacidad económica de que presume” y que se revele el acuerdo de conformidad al que llegó con el Ministerio Público.
Según el escrito, la mayoría del dinero manejado por García no proviene de comisiones, sino que tiene origen lícito en “un sistema de retribución y anticipos de gastos corrientes del PSOE, ajeno a los contratos de mascarillas”. La defensa afirma que el uso de metálico era “común y documentado internamente”, destinado a servicios como el conductor o el escolta.
La abogada niega “de forma rotunda y en profundidad” el relato de los hechos elaborado por la Fiscalía y la acusación popular, tachándolo de “fabulario” y “sin sustento probatorio”. Según su versión, el caso vulnera la presunción de inocencia de su cliente.
El PP intensifica la presión política en el Senado
Mientras tanto, la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo sigue avanzando con nuevas comparecencias. El Partido Popular, que tiene mayoría en la cámara alta, ha propuesto citar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Según Alicia García, portavoz del PP en el Senado, Zapatero “debe aclarar hasta dónde está vinculado políticamente” con los rescates concedidos durante la pandemia. Junto a él también comparecerán directivos de Plus Ultra y altos cargos económicos del Gobierno de aquella etapa.
Esta ofensiva parlamentaria del PP también incluye nuevos nombres vinculados con otros casos, como el de Forestalia, en el que se investiga un supuesto entramado societario en la concesión de licencias de energías renovables en Aragón. Todo ello en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo y la oposición por los casos de corrupción durante la pandemia.