OPA: el Consejo de Ministros exige a BBVA y Sabadell que mantengan los patrimonios separados por tres años

Al contrario de lo que buscaba BBVA, esto es, agilizar la aprobación de la OPA hostil que lanzó sobre BBVA, el Consejo de Ministros endureció las condiciones de la operación y frena la fusión por tres años, lo que sin duda es un jarrón de agua fría para los intereses del banco que preside Carlos Torre Vila.

Con su tono pausado habitual, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comenzó su comparecencia afirmando que el Gobierno autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante "los tres próximos años" ambas entidades mantengan la personalidad jurídica y patrimonios separados así como autonomía en la gestión de su actividad.

Cuerpo detalló los detalles de la condición adicional establecida hoy. En este sentido hizo hincapié en la condición de mantenimiento de la personalidad jurídica y patrimonial separados de ambas entidades. Está condición, dijo, está fundamentada en la protección de cinco criterios de interés general distintos de lo relativo a la defensa de la competencia, "que así nos habilita la normativa", subrayó.

Así, el primero de ellos es garantizar que se cumplan los objetivos de la regulación sectorial vinculados sobre todo al apoyo al crecimiento, al apoyo a la actividad empresarial a través de la financiación a las empresas, en concreto a las pymes.

En cuanto al segundo, Cuerpo afirmó que es de interés general proteger los derechos de los trabajadores de las entidades involucradas.

Mientras el tercero busca la cohesión territorial, punto importante para las fuerzas políticas catalanas, el cuarto objetivo tiene que ver con la política social desde la obra social de las fundaciones y protección de los clientes financieros. También, en este apartado, el ministro destacó la actuación en materia de la vivienda asequible de ambas entidades. El quinto, y último, es la promoción de la I+D tecnológica.

Autonomía en la gestión

Cuerpo aclaró que estos son criterios de interés general. "Todos ellos promulgados por nuestro ordenamiento jurídico y avalados también por la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea (UE)", se apuró en destacar.

"De cara a la protección de este interés general", siguió, "la autonomía en la gestión que es la condición que imponemos hoy supone una toma de decisiones efectiva autónoma.

Al Gobierno le interesa que esa autonomía en las decisiones se lleve a cabo en distintos ámbitos. Veamos.

Del ámbito de la financiación y el crédito, en particular para las pymes; en el ámbito también de las decisiones relativas a los recursos humanos; en el ámbito de la red de oficinas y servicios bancarios; y por último en el ámbito de la obra social a través de sus fundaciones.

Lapsos alargados en el tiempo

Cuerpo explicó que, para evaluar la eficacia de esta condición, ambas entidades deben remitir los documentos con antelación máxima de seis meses y mínima de dos meses antes de cumplirse estos tres años.

El primero de estos documentos es un informe de situación sobre cómo se llevó a cabo esta gestión autónoma y cómo ésta contribuyó a la protección de los criterios de interés general comentados.

El segundo de ellos, afirmó el ministro, es un plan estructural que detalle a futuro en qué medida la estrategia corporativa de ambas entidades afectará a estos criterios de interés general.

Ahora el balón está en el tejado de BBVA que tras analizar las condiciones impuestas por el Gobierno podría suspender la OPA hostil si considera que las exigencias atentan contra la rentabilidad de la operación.

Si acepta las condiciones del Gobierno, la entidad vasca deberá informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre cómo afectan las exigencias a las sinergias de 850 millones de euros previstas para la OPA. Trámite que supondrá una modificación a la OPA que el regulador deberá incluirla en el folleto presentado oportunamente por BBVA.