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En el marco de un contrato de alquiler, uno de los pilares fundamentales es garantizar que la vivienda esté en condiciones de habitabilidad. La legislación española establece con claridad qué obligaciones corresponden al propietario y cuáles al inquilino.
Sin embargo, cuando se trata de reparaciones urgentes, los límites de responsabilidad suelen generar dudas. Ante averías graves que afectan la salubridad, seguridad o uso cotidiano del inmueble, el arrendatario tiene derecho a exigir una actuación inmediata por parte del casero.
Pero, en el caso de que esto no se cumpla, la ley permite tomar medidas legales y reclamar los gastos si fuera necesario.
Así se definen las reparaciones urgentes en una vivienda
Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil, las reparaciones urgentes son aquellas que no pueden postergarse sin comprometer la habitabilidad de la vivienda. Esto incluye, por ejemplo, averías en sistemas de calefacción en invierno, fugas de agua, cortes eléctricos o problemas estructurales que representen un peligro inminente.
En este tipo de situaciones, la obligación de reparar recae sobre el propietario, independientemente de si el daño es consecuencia del uso continuado o del paso del tiempo.
Además, no puede trasladar el coste al inquilino mediante un aumento de la renta ni eximirse alegando falta de recursos, tal como aclaran fuentes jurídicas especializadas.
Qué puede exigir el inquilino si el propietario no interviene
La ley contempla mecanismos de protección para el arrendatario cuando el casero no actúa ante una avería urgente. En primer lugar, se recomienda comunicar la incidencia de forma fehaciente, ya sea por burofax o correo electrónico, adjuntando imágenes y una descripción detallada del problema.
En el caso de que no haya respuesta en un plazo razonable, el inquilino puede ordenar la reparación por su cuenta y reclamar el reembolso posterior, siempre que pueda demostrar la urgencia y el gasto efectuado.
Otra posibilidad es solicitar una rebaja proporcional de la renta si el estado del inmueble impide su uso pleno. En los casos más extremos, como aquellos en los que la vivienda se vuelve inhabitable, también se habilita la opción de resolver el contrato sin penalización para el arrendatario.
Es fundamental conservar todas las pruebas, como facturas, fotografías con fecha, correos enviados, así como cualquier otro documento que acredite el perjuicio sufrido. Esta documentación será clave si se decide iniciar un procedimiento judicial.
Acciones que se pueden tomar si el dueño no cumple
En caso de que el casero persista en su negativa a intervenir, el arrendatario dispone de varias herramientas legales. La primera es el envío formal de un burofax con requerimiento de reparación urgente y un plazo determinado.
Si esto tampoco surte efecto, se puede recurrir a la vía judicial, ya sea por la vía ordinaria o mediante arbitraje o mediación en el caso de que así se haya establecido en el contrato.
Asimismo, es posible reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados de la inacción del propietario. Estos pueden incluir costes de alojamiento alternativo, pérdidas materiales o problemas de salud provocados por la falta de condiciones adecuadas en la vivienda.
Qué es lo que no debe hacer nunca un inquilino
Frente a una situación de este tipo, también existen límites para el arrendatario. No puede dejar de pagar la renta de forma unilateral, ya que esta acción puede ser interpretada como incumplimiento contractual y derivar en un proceso de desahucio, incluso si existe una avería grave.
Tampoco es recomendable realizar obras o mejoras que sean consideradas como no urgentes sin el consentimiento del propietario, ya que estas podrían no ser reembolsadas.
Por último, no es posible exigir instalaciones que no figuren en el contrato, como aire acondicionado, salvo que su ausencia vulnere los criterios básicos de habitabilidad definidos legalmente.
Esta normativa protege al inquilino frente a la falta de intervención del arrendador en casos de urgencia, pero también impone límites y procedimientos claros para ejercer esos derechos de forma eficaz.