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El conflicto que mantiene paralizada buena parte de la actividad portuaria argentina volvió a poner en el centro de la escena a una profesión poco conocida para el público general, pero clave para el comercio exterior: el practicaje. La medida de fuerza lanzada por los prácticos y pilotos en rechazo al nuevo esquema de desregulación impulsado por el Gobierno generó demoras en la navegación de más de un centenar de buques y motivó una fuerte reacción oficial.
En las últimas horas, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a 536 profesionales del sector a retomar inmediatamente sus tareas y advirtió que quienes mantengan la interrupción del servicio podrán enfrentar sumarios administrativos e incluso denuncias penales por, presuntamente, entorpecer el transporte por agua y poner en riesgo la seguridad de la navegación.
Pero, ¿qué es exactamente el practicaje y por qué se convirtió en uno de los ejes de la disputa entre el Gobierno y los gremios marítimos?
Qué es el practicaje
El practicaje es un servicio especializado destinado a garantizar la navegación segura de los buques cuando ingresan, salen o transitan por zonas complejas, como puertos, canales, pasos angostos o ríos.
Para ello interviene el práctico, un profesional habilitado que aborda la embarcación para asesorar al capitán durante las maniobras. Su función consiste en aportar un conocimiento profundo de las condiciones locales: corrientes, profundidades, bancos de arena, tráfico marítimo, características del canal y normativa vigente.
Aunque muchas veces se los menciona conjuntamente, la normativa distingue entre practicaje y pilotaje. El primero comprende las maniobras de entrada, salida, amarre y desamarre en los puertos, mientras que el segundo se refiere a la navegación por ríos, canales y otras vías navegables interiores. Ambos servicios integran un mismo sistema orientado a reducir los riesgos de accidentes.
El práctico no reemplaza al capitán del buque. La autoridad máxima de la embarcación continúa siendo el capitán, quien conserva la responsabilidad final sobre la navegación. Sin embargo, el práctico tiene importantes obligaciones técnicas y legales, ya que asesora sobre la maniobra y puede responder por los daños derivados de un asesoramiento incorrecto, salvo que se demuestre lo contrario.
Cómo funciona el sistema de prácticos en la Argentina
En Argentina, el practicaje está considerado un “servicio público impropio”. Esto significa que, si bien se trata de una actividad de interés público por su impacto sobre la seguridad de la navegación y el comercio exterior, el servicio no lo presta el Estado sino profesionales y empresas privadas habilitadas.
Hasta ahora, el sistema estaba regulado por una normativa vigente desde comienzos de la década de 1990. Los prácticos debían cumplir exigentes requisitos de habilitación otorgados por la Prefectura Naval y prestar el servicio de manera continua durante las maniobras para garantizar la operatividad de los puertos.
El Estado, por su parte, mantenía funciones de control y fiscalización sobre la actividad, además de supervisar las habilitaciones profesionales y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Qué cambió con el decreto de Sturzenegger
El conflicto comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.
La nueva reglamentación derogó el régimen vigente desde 1991 e introdujo una reforma integral del sistema de practicaje y pilotaje con el objetivo, según el Gobierno, de aumentar la competencia, reducir costos logísticos y mejorar la eficiencia del comercio exterior.
Entre los principales cambios figuran la creación de un registro público de prácticos administrado por la Prefectura Naval, la eliminación de restricciones para ingresar a la actividad y la posibilidad de que los armadores y usuarios elijan libremente al profesional que prestará el servicio.
Además, la norma habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a establecer tarifas máximas cuando lo considere necesario y obliga a transparentar los costos de las prestaciones.
Otro cambio importante es la eliminación de la división por tramos geográficos que, hasta ahora, obligaba a realizar relevos de prácticos durante un mismo recorrido por la Hidrovía. También se flexibilizaron los traslados del personal y se ampliaron las excepciones para determinados tipos de embarcaciones.
Prácticos: qué puede pasar si no cumplen el nuevo régimen
La respuesta de los gremios fue inmediata. Las organizaciones que representan a prácticos y pilotos iniciaron un paro por tiempo indeterminado al considerar que el decreto modifica aspectos esenciales del régimen laboral y de funcionamiento de la actividad de navegación comercial sin haber existido una instancia de negociación.
Como consecuencia, la operatoria en numerosos puertos quedó afectada y comenzaron a registrarse demoras en el movimiento de buques que transportan granos, combustibles e insumos industriales.
Frente a este escenario, la Prefectura Naval intimó individualmente a los profesionales para que retomen sus funciones. El organismo advirtió que quienes persistan en la interrupción del servicio podrán ser objeto de sanciones administrativas y enfrentar denuncias penales por los delitos vinculados al entorpecimiento del transporte por agua y a la afectación de la seguridad de la navegación, figuras que contemplan penas de hasta ocho años de prisión.
A través de un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, Prefectura Naval intimó a 536 profesionales “a la inmediata puesta a disposición de sus servicios de practicaje/pilotaje”.
“A todo evento se le hace saber que frente al incumplimiento de la presente intimación será objeto de sanciones disciplinarias (...) por ser considerada falta grave la negativa a prestar el servicio”, agrega la notificación.
Además, este advierte que, independientemente de las sanciones disciplinarias que aplique Prefectura, “la realización de cualquier acción tendiente a facilitar una medida de fuerza destinada a interrumpir el servicio de practicaje/pilotaje podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal de la Nación Argentina”.
En particular, se hace énfasis en el artículo 190 del Código Penal, el cual abarca los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación, de entre dos a ocho años de prisión.
Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación permitirá aumentar la competencia y reducir los costos logísticos, los sindicatos aseguran que la reforma pone en riesgo el funcionamiento del sistema actual y afecta derechos laborales. El resultado de esa disputa será determinante para el futuro de una actividad estratégica por la que transita la mayor parte de las exportaciones argentinas.
