Más de 140 buques permanecen inmovilizados frente a los principales puertos del país como consecuencia del conflicto que mantiene paralizado el servicio de practicaje y pilotaje desde la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que regula la actividad.
La medida ya afecta la operatoria en Buenos Aires, Dock Sud, Zárate-Campana, Bahía Blanca, Quequén, La Plata y toda la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Fuentes del sector privado consultadas por El Cronista ronue el impacto económico ya asciende a entre u$s 10 y u$s 15 millones por día, considerando la inmovilización de la flota, penalidades contractuales, mayores costos financieros y logísticos y las demoras en toda la cadena de abastecimiento.
Solo por la espera de los buques, calculan un costo cercano a u$s 50.000 diarios por embarcación. Con alrededor de 150 barcos afectados, la factura por demoras supera ampliamente los u$s 7 millones diarios, a lo que se agregan multas por incumplimiento de contratos, financiamiento de mercadería inmovilizada, lucro cesante y sobrecostos logísticos.
“La economía del país está prácticamente frenada por una medida de fuerza de un grupo muy reducido”, resumió una fuente empresaria.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) advirtió que la interrupción del servicio “representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, ya que las terminales privadas concentran la mayor parte del comercio exterior argentino.
Además, sostuvo que la paralización interrumpe el ingreso de divisas, rompe cadenas de suministro, expone a exportadores a penalidades contractuales y deteriora la confiabilidad del país como origen comercial.
En paralelo, especialistas en comercio exterior comienzan a advertir efectos que trascienden la actividad portuaria.
Diego Dumont señaló que en las terminales ya se observa acumulación de contenedores y alertó sobre el riesgo de mayores costos por almacenamiento, demurrage y eventuales desvíos de buques hacia puertos de Uruguay o Brasil.
Según el especialista, también podrían registrarse demoras tanto en importaciones como en exportaciones, obligando a las empresas a reprogramar operaciones junto con navieras y operadores logísticos.
El Gobierno intimó a los prácticos a retomar sus tareas al considerar que se trata de un servicio esencial. Sin embargo, hasta ahora la medida de fuerza continua y los buques seguían sin autorización para ingresar o abandonar los puertos.
“No hay diálogo”, aseguró una fuente en alusión a la relación entre el Gobierno y los pilotos portuarios, quienes poseen una habilitación especial para maniobrar y lograr que buques de carga internacional ingresen o salgan al océano.
Mientras tanto, desde la Cámara de Puertos respaldaron la decisión oficial de avanzar con la modernización del sistema de practicaje y consideraron que el conflicto demuestra la necesidad de introducir mayor competencia y previsibilidad en la actividad.
No obstante, reclamaron la conformación urgente de una mesa de negociación entre el Gobierno y los representantes del sector para normalizar el servicio y garantizar la navegabilidad en todos los puertos del país.
La alerta de los técnicos
Mientras el Gobierno sostiene que el Decreto 690/2026 busca introducir mayor competencia en el servicio de practicaje, especialistas en navegación advierten que la actividad no puede analizarse únicamente desde una perspectiva de costos.
Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, sostuvo que los prácticos cumplen una función crítica para la seguridad de la navegación en los ríos y canales argentinos. “A partir de que los buques ingresan al Río de la Plata, el capitán extranjero no puede navegar sin práctico. Son profesionales que conocen las profundidades, las corrientes y los canales de acceso”, explicó a Radio Con Vos.
Según Morales, el practicaje es una actividad regulada internacionalmente en todas las vías navegables complejas y recordó que en Argentina las tarifas no son fijadas libremente por los profesionales sino que responden a un esquema establecido por el Estado. “Cualquier cosa que un práctico cobre no es antojadiza, sino que está regulada por un tarifario”, afirmó y recordó que se actualizó durnte la gestión de Guillermo Dietrich.
El especialista también relativizó el impacto económico que el servicio tiene sobre el costo total del transporte marítimo. “Un viaje de un buque desde Oriente puede costar alrededor de u$s 2 millones. Reducir u$s 10.000 o u$s 15.000 en el practicaje de un puerto no modifica la ecuación económica del flete”, señaló.
Además, advirtió que ningún armador aceptaría operar sin ese respaldo profesional. “Ningún armador sensato va a arriesgar un buque de cientos de millones de dólares sin práctico. Las aseguradoras tampoco asumirían ese riesgo”, sostuvo y aseguró que el conflicto encontrará su fin con la derogación del decreto.
