La desregulación de la actividad de los prácticos y baqueanos impulsada por Federico Sturzenegger escaló esta semana y ya afecta el movimiento de buques en los principales puertos del país. Según fuentes allegadas a la Marina Mercante, más de 140 barcos permanecen paralizados mientras la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales para que retomen sus tareas.

Los prácticos y baqueanos habían resuelto durante el fin de semana dejar de aceptar nuevas operaciones como respuesta a los cambios introducidos por el Gobierno en la regulación de la actividad. Al tratarse de profesionales independientes, aseguraron que pueden completar los trabajos ya iniciados y rechazar nuevas contrataciones.

Cómo uno de los ejemplos está la paralización de las maniobras de un importante buque que transportaba material para Vaca Muerta.

Por la falta de profesionales, se canceló la maniobra del White Marlin, el buque semisumergible que debía transportar embarcaciones destinadas a operar en el oleoducto de Vaca Muerta, de acuerdo con la información suministrada por fuentes del sector.

Además, voces vinculadas al sector petrolero confirmaron en diálogo con El Cronista que hay 12 operaciones comprometidas en el downstream.

La advertencia de Prefectura

“Los prácticos son profesionales independientes. No pueden interrumpir un trabajo iniciado, ese supuesto está penado por la ley. Pero no tienen ninguna obligación de tomar un nuevo trabajo”, explicaron a El Cronista voces internas del Centro de Capitanes de Ultramar de la Marina Mercante.

Este martes, el conflicto escaló con un edicto de Prefectura Naval en el que se notificó e intimó a 536 profesionales habilitados para el practicaje y pilotaje de ríos, puertos, pasos y canales a ponerse de inmediato a disposición.

“La realización de cualquier acción tendiente a facilitar una medida de fuerza destinada a interrumpir el servicio de practicaje/pilotaje podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal de la Nación Argentina”, advierte la notificación.

Sin embargo, desde el sector diferencian entre la negativa a completar una maniobra ya comenzada y la decisión de no asumir un servicio, y aseguran: "No los pueden obligar”.

La normativa de Sturzenegger establece que el practicaje y el pilotaje constituyen un servicio público de interés para la seguridad de la navegación y la protección ambiental. Además, dispone que los prácticos deberán prestar servicio “en todo momento” y considera una falta grave negarse a realizar una operación cuando no se verifiquen las excepciones contempladas.

Sin embargo, los profesionales sostienen que esa obligación no transforma una actividad independiente en una relación laboral bajo órdenes directas de la Prefectura ni habilita a la fuerza a imponerles la aceptación de nuevos contratos.

Prefectura buscó reemplazos entre los capitanes

Ante la interrupción progresiva de las operaciones, la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, conocida como Polinave, se comunicó el domingo con representantes de los capitanes de ultramar para consultarles si estaban disponibles para reemplazar provisoriamente a los prácticos. La respuesta fue negativa.

“La Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación se comunicó con nosotros el domingo para consultarnos sobre la disponibilidad de capitanes de ultramar para ejercer de prácticos en forma provisoria”, confirmó Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes.

Según relató, los capitanes contestaron que asumir esas tareas implicaría poner en riesgo su propia seguridad y la de las tripulaciones.

“Reemplazar a los prácticos es atentar contra nuestra propia seguridad y la de nuestra tripulación, situación absolutamente contraria a nuestra responsabilidad legal y profesional”, señalaron desde el Centro de Capitanes de Ultramar. Luego de esa respuesta, Polinave no volvió a comunicarse por el tema.

El práctico es el profesional habilitado específicamente para asesorar al capitán durante la navegación y las maniobras en puertos, ríos, pasos y canales. Su tarea requiere conocimiento particular de cada zona, de las profundidades, las corrientes, las reglamentaciones y las condiciones de ingreso y salida de los buques.

Por ese motivo, los capitanes sostuvieron que no pueden asumir de manera improvisada una función para la cual no poseen la habilitación ni la experiencia específica correspondiente.

La negativa deja a la Prefectura frente a las facultades que le concede el nuevo decreto para disponer reemplazos. La regulación permite adscribir profesionales de una zona a otra y habilita el ingreso a la actividad de capitanes de ultramar, capitanes fluviales, capitanes de pesca y determinados oficiales retirados de la Prefectura y de la Armada.

No obstante, para ejercer como prácticos, los aspirantes deben completar viajes de práctica y acreditar el conocimiento de la zona. Fuentes de la actividad advierten que ni la Prefectura ni la Armada cuentan actualmente con suficiente personal preparado para sustituir de manera inmediata a los profesionales que dejaron de aceptar operaciones.

Más de 140 barcos afectados

La falta de prácticos comenzó a sentirse a medida que concluyeron los servicios contratados antes del inicio de la medida. Este martes por la mañana, más de 140 buques se encontraban paralizados por la imposibilidad de realizar maniobras de ingreso, salida o navegación en zonas donde el servicio es obligatorio.

La decisión comprende a los profesionales que trabajan en el Río de la Plata, el Paraná, el Uruguay, Bahía Blanca y los principales puertos marítimos del país.

Cada nueva operación que no sea aceptada incrementará la cantidad de embarcaciones afectadas. El impacto alcanza tanto a buques que esperan ingresar a puerto como a aquellos que necesitan zarpar o desplazarse por canales y pasos regulados.

Una de las operaciones suspendidas fue la del White Marlin, un buque semisumergible utilizado para transportar grandes estructuras y embarcaciones.

Según fuentes del sector, fue cancelada la maniobra mediante la cual debía trasladar los buques destinados a operar en el oleoducto de Vaca Muerta. El episodio amplió el alcance del conflicto más allá del movimiento portuario habitual y comenzó a afectar operaciones vinculadas con proyectos energéticos estratégicos.