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El Gobierno incorporó en el proyecto de Presupuesto 2027 un menú de beneficios fiscales para aquellas empresas privadas que realicen inversiones destinadas a la construcción o ampliación de obras vinculadas con concesiones de rutas nacionales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado que el Ejecutivo avanzaría hacia un nuevo régimen de “cero impuestos”, buscando además el apoyo de las provincias y los municipios.
En esa misma línea, Carlos Guberman, secretario de Hacienda, señaló que esperan el acompañamiento de “todos los gobernadores e intendentes”.
En concreto, el paquete oficial contempla, en su artículo 67, una amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias para aquellas “inversiones que realicen y afecten a la ejecución de la concesión, a partir del período fiscal de habilitación de los bienes o de la obra vial de que se trate”.
El beneficio incluye los bienes muebles amortizables nuevos —excepto los automóviles—, elaborados, fabricados o importados para ser afectados a la ejecución de la concesión vial, que podrán amortizarse, como mínimo, en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas.
También comprende las obras de infraestructura vial, cuya amortización podrá efectuarse, como mínimo, en un número de cuotas anuales, iguales y consecutivas equivalente a la vida útil estimada de dichas obras, reducida a la mitad.
En segundo lugar, los privados dispondrán de un mecanismo de reintegro o de un certificado de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Asimismo, los titulares de los contratos podrán computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, como pago a cuenta de Ganancias, IVA y las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente ni de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros”, precisó el Gobierno.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el organismo encargado de dictar las normas complementarias.
Por otro lado, el alcance que tenga la reducción de impuestos también dependerá de las provincias. El Ejecutivo invita a las respectivas jurisdicciones y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adherir y a adoptar exenciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el impuesto de Sellos. “La adhesión de las jurisdicciones correspondientes, en estos términos, será condición necesaria para la vigencia de los beneficios previstos”, indicaron.
El texto no hizo alusión a los municipios, por lo que el Gobierno deberá entablar acuerdos con los intendentes para extender el alcance de los beneficios impositivos.
Cabe recordar que la Nación no tiene potestades tributarias a nivel provincial o municipal para adoptar medidas semejantes. Tampoco se incluye una estimación del costo fiscal de estas medidas ni de cuánto dejaría de recaudar el Estado nacional por su implementación.
Aun así, el menú de beneficios fiscales se incorpora mientras avanza la Red Federal de Concesiones de más de 9.000 kilómetros, distribuidos en 16 tramos estratégicos, sobre un total de 40.000 kilómetros correspondientes a la extensión de la red vial de jurisdicción nacional.
“Desde 2025 se registraron sustanciales avances en las adjudicaciones de los tramos Oriental y Conexión de la Etapa I; Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa de la Etapa II-A; Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte de la Etapa II-B; y Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la Etapa III”, enumeraron.
El esquema que implementó el Ejecutivo dispuso que los concesionarios asuman las obligaciones contractuales de operación, conservación y mejora de estos corredores mediante financiamiento privado y recaudación de peajes, sin subsidios operativos a cargo del Estado. Ese esquema tuvo como objetivo reducir de manera relevante la erogación de recursos del Tesoro Nacional destinados al sostenimiento de los corredores concesionados.
“El otorgamiento de estas concesiones mantiene el carácter de dominio público nacional de las rutas, quedando en órbita del Estado las funciones de planificación, regulación y fiscalización. En tal sentido, la Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento contractual y de las condiciones de servicio”, subrayaron.
Infraestructura
Este esquema de concesiones se enmarca en una revisión más amplia de la política de infraestructura que impulsa el Gobierno desde. El propósito de ello consistió en adecuar las necesidades de inversión a las capacidades de financiamiento y redefinir el alcance de la intervención del Estado Nacional.
La actual gestión decidió abordar una cartera extensa de obras y convenios, así como la acumulación de requerimientos de conservación y mantenimiento que comprometían la prestación de servicios esenciales.
Según detalla el proyecto de Presupuesto 2027, la revisión alcanzó a un total de 2339 obras, de las cuales 1683 se dieron de baja o iniciaron procesos de rescisión. En tanto, 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a las respectivas provincias y municipios.
La cartera bajo órbita del Estado Nacional quedó delimitada a 199 proyectos, dentro de los cuales 55 obras ya finalizadas. El documento oficial agrega que se llevó a cabo la firma de acuerdos con 21 provincias y 9 municipios bonaerenses, permitiendo formalizar las condiciones de traspaso de determinadas intervenciones y delimitar el alcance de las responsabilidades de ejecución y financiamiento de los distintos niveles de gobierno.
Qué se espera para 2027
Según los detalles que incluyó el Gobierno, el Presupuesto 2027 prevé que la inversión pública estará orientada por criterios de austeridad, eficiencia y priorización del gasto.
“Esta transformación se observa en el nivel del gasto de capital asociado a infraestructura. Medido en pesos constantes de 2027, pasa de alrededor de $ 18,4 billones en 2023 a $ 5,1 billones en 2024, y se mantiene luego en niveles históricamente bajos: $ 3,9 billones en 2025, $ 3,7 billones en 2026 y $ 3,8 billones previstos para 2027″, explicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En ese sentido, el gasto proyectado para 2027 “continúa cerca de 80% por debajo del nivel de 2023″.
ACIJ enfatizó que el proyecto complementa el menor financiamiento presupuestario directo con beneficios tributarios destinados a promover inversión privada, especialmente en las concesiones de rutas nacionales. “Parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada”, señalaron.
