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La reducción del empleo público fue una de las principales banderas del gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión y ahora, esa estrategia quedó plasmada en el proyecto de Presupuesto 2027, que propone congelar la cobertura de vacantes en la administración pública nacional y endurecer las condiciones para incorporar nuevos empleados.
La medida acompaña una política que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, viene defendiendo públicamente desde hace meses.
Como lo hace tradicionalmente, a fines de agosto, el funcionario sostuvo que “bajar el gasto público es la única manera sustentable de bajar la carga impositiva” y celebró la reducción de puestos en el Estado nacional, al tiempo que instó a las provincias a avanzar en el mismo sentido.
El proyecto de ley lleva esa lógica al plano presupuestario. En lugar de prohibir de manera absoluta el ingreso de personal, establece que los cargos vacantes no podrán cubrirse automáticamente y que cualquier excepción deberá contar con autorización expresa de la Jefatura de Gabinete.
La decisión forma parte de la estrategia oficial para contener el gasto corriente y sostener el equilibrio fiscal durante un año electoral, uno de los principales ejes del Presupuesto 2027. El Presupuesto convierte en regla una política que el Gobierno ya venía aplicando
La situación del empleo estatal, en números
Desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei avanzó con un proceso de achicamiento de la planta estatal mediante distintas herramientas: no renovación de contratos temporarios, jubilaciones, retiros voluntarios, renuncias y procesos de reestructuración de organismos públicos.
Según esos datos oficiales, el recorte acumulado supera los 70 mil puestos de trabajo desde el comienzo de la gestión. La mayor parte de la reducción corresponde a la administración centralizada y descentralizada, seguida por las empresas del Estado.
De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la dotación total del Sector Público Nacional pasó de 343.357 trabajadores al comienzo de la gestión a 270.835.
El ajuste se repartió entre los dos grandes componentes del Estado nacional. En la Administración Pública Nacional, que comprende ministerios y organismos descentralizados, la planta se redujo de 233.098 a 183.520 empleados, es decir, 49.578 trabajadores menos (-21,3%).
En paralelo, las empresas y sociedades del Estado pasaron de 110.259 a 87.315 empleados, una disminución de 22.944 puestos (-20,8%).
El comportamiento también fue dispar entre ministerios. En términos absolutos, Salud encabezó las reducciones, con 1.263 empleados menos, seguido por Economía (-1.004), Relaciones Exteriores (-610) y Defensa (-219).
No todas las áreas, sin embargo, siguieron esa tendencia. Justicia fue el ministerio que más incrementó su dotación durante el período, al sumar 1.305 trabajadores, un crecimiento del 84% respecto del inicio de la gestión.
También Seguridad Nacional incorporó personal, mientras que la Jefatura de Gabinete mantuvo prácticamente sin cambios su cantidad de empleados.
El ajuste también alcanzó a las empresas públicas. El Correo Argentino fue la firma con la mayor reducción de personal, con 5.618 trabajadores menos, seguido por Operadora Ferroviaria (-4.305), Banco Nación (-2.381), Aerolíneas Argentinas (-1.923) y AySA (-1.866). En términos porcentuales, las mayores caídas correspondieron a Casa de Moneda, que redujo su plantilla más de un 50%, y Educar S.A.U., cuya dotación cayó más del 60%.
También hubo disminución en el personal militar y de las fuerzas de seguridad, aunque de menor magnitud que en el resto de los sectores. Ese punto resulta especialmente relevante porque el Presupuesto 2027 adopta un criterio diferente hacia adelante.
Si bien el gráfico oficial muestra que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad también participaron del proceso de reducción de personal durante estos casi tres años de gestión, el proyecto de ley las incluye entre las excepciones al congelamiento de vacantes.
Las vacantes ya no podrán cubrirse automáticamente
El artículo 7 del proyecto dispone que los cargos vacantes existentes al momento de la entrada en vigencia de la ley, así como los que se produzcan durante 2027, no podrán ser cubiertos automáticamente. Para concretar una designación será necesaria una autorización específica del Jefe de Gabinete.
En términos prácticos, la regla implica que cuando un agente se jubile, renuncie o deje su puesto, el organismo no podrá reemplazarlo por decisión propia. La cobertura quedará sujeta a una evaluación centralizada del Poder Ejecutivo.
La restricción, sin embargo, no es generalizada
El propio proyecto prevé excepciones para sectores considerados críticos, entre ellos el personal de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, el Servicio Penitenciario, los servicios de salud, el Poder Judicial y otros organismos estratégicos definidos por la normativa.
El Presupuesto no sólo regula las vacantes. El artículo 6 fija límites para la cantidad de cargos financiados en la administración nacional y para las horas de cátedra, además de establecer que el Poder Ejecutivo deberá publicar periódicamente la evolución de las plantas permanentes, transitorias y contratadas.
La intención es, para Milei y su equipo, que el seguimiento del empleo público forme parte del control de la ejecución presupuestaria durante todo el ejercicio.
