Hace casi veinte años atrás, en plena discusión por la Resolución 125, junto con algunos diputados del PRO invitamos a Buenos Aires a dirigentes de la bancada ruralista brasileña. Entre ellos estaba Ronaldo Caiado, una de las figuras históricas de ese espacio, luego gobernador de Goiás y hoy candidato a la presidencia brasileña.
En aquel momento, mientras Argentina atravesaba uno de los mayores conflictos entre el campo y el Estado de su historia reciente, la experiencia brasileña nos dejaba una enseñanza política fundamental para el sector y es que el agro no necesita construir un partido político propio. Necesita algo bastante más sofisticado, construir poder multipartidario.
La diferencia no es menor. Un partido o un frente gremial del agro, termina inevitablemente encerrado en una identidad sectorial. Una bancada transversal, en cambio, puede transformar los intereses de una cadena productiva en una agenda nacional amplia. Esa fue, con avances, retrocesos y contradicciones, la trayectoria brasileña.
La historia en ese país comenzó mucho antes de que el término “agronegocio” adquiriera la dimensión que tiene hoy. Durante la Asamblea Constituyente de 1987 y 1988, los sectores rurales se organizaron alrededor de una preocupación: la defensa de la propiedad privada frente a una agenda de reforma agraria que podía avanzar sobre los establecimientos considerados improductivos.
De aquella disputa surgiría una de sus primeras grandes victorias políticas, donde la Constitución mantuvo el principio de la función social de la tierra y la posibilidad de expropiación para reforma agraria, pero protegió específicamente a la propiedad productiva.
Sin embargo, lo importante fue lo que ocurrió después. Esa articulación defensiva no se disolvió una vez terminada la Constituyente. Con el tiempo se institucionalizó, primero de manera informal y luego mediante la creación de la actual Frente Parlamentar da Agropecuaria, la FPA, una de las organizaciones políticas temáticas más poderosas de la política brasileña.
Ahí apareció el verdadero salto cualitativo. La FPA dejó de discutir solamente tierra, propiedad o impuestos. Entendió que si quería construir una mayoría estable debía representar algo mucho más grande que al productor rural.
El agro empezó a ser concebido como una cadena de valor amplia desde las semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola, automóviles y pickups, bancos, crédito rural, seguros, cooperativas, frigoríficos, industria alimenticia, transporte, puertos, energía, biotecnología, software y servicios.
O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo
Ese cambio conceptual terminó siendo también un cambio político. Ya no se trataba de defender “al campo”, sino de demostrar que buena parte de la economía brasileña comenzaba, directa o indirectamente, en el campo.
Por eso fue tan importante que instituciones como CEPEA y la CNA comenzaran a medir un PBI ampliado del agronegocio, incorporando insumos, producción primaria, agroindustria, industria y servicios. Y por eso fue tan potente la campaña de comunicación resumida en una frase extraordinariamente eficaz: “O Agro é Tech, o Agro é Pop, o Agro é Tudo”. El agro dejaba de presentarse como una actividad de propietarios rurales y empezaba a mostrarse como un sistema económico que atravesaba la vida cotidiana del brasileño.
Esa ampliación permitió algo todavía más importante que fue desideologizar parcialmente su representación política. En la FPA conviven legisladores de partidos de derecha, centro e incluso izquierda. Naturalmente no votan juntos todos los temas.
Un diputado puede acompañar políticas de crédito agrícola, cooperativismo o infraestructura y enfrentarse a la bancada en cuestiones indígenas, ambientales o de reforma agraria. Pero esa es precisamente su fortaleza, ya que no necesita una mayoría ideológica permanente. Construye mayorías diferentes para cada proyecto.
Detrás de esa flexibilidad existe además una infraestructura profesional. Desde 2011, el Instituto Pensar Agropecuária brinda soporte técnico a la bancada. Los proyectos son estudiados antes de llegar al recinto. La política no empieza cuando una ley aparece en televisión. Empieza mucho antes, cuando todavía se está escribiendo.
Argentina debería mirar esa experiencia con atención
El discurso de Javier Milei en la Rural volvió a colocar en el centro dos cuestiones históricas para el sector: la defensa de la propiedad privada y la reducción gradual de las retenciones y otras distorsiones que penalizan la producción y las exportaciones. Puede discutirse la velocidad, la secuencia fiscal o la profundidad de esas reformas.
Pero existe algo más relevante y es que por primera vez en muchos años hay un clima político nacional en el cual producir, invertir, exportar y defender la propiedad privada vuelven a presentarse como valores positivos.
El agro argentino podría limitarse a aprovechar esa coyuntura. O podría utilizarla para construir algo que sobreviva a este contexto. La Mesa de Enlace cumple una función imprescindible como representación de los productores, pero una estrategia de impacto sectorial de largo plazo debería ser más amplia.
Debería integrar a toda la cadena agroindustrial, desde productores, cooperativas, maquinaria, genética, fertilizantes, biotecnología y alimentos hasta transporte, industria automotriz, puertos, bancos, seguros, mercado de capitales, software, energía y servicios profesionales.
Y paradójicamente la fragmentación actual del sistema político argentino puede facilitarlo. La existencia de múltiples espacios partidarios nacionales y provinciales, gobernadores con creciente autonomía y bloques legislativos cada vez menos monolíticos crea condiciones para una coalición transversal mucho más pragmática que ideológica.
Brasil tardó décadas en transformar una defensa sectorial de la propiedad en una plataforma política del agronegocio. Argentina no necesita copiar ese modelo. Pero sí entender su principal enseñanza que es que el poder del agro crece cuando deja de hablar solamente en nombre del campo y consigue hablar en nombre de una parte mucho más amplia de la economía y de la sociedad.
La oportunidad política que abre Milei puede ser transitoria. La institución que el agro construya a partir de ella no debería serlo.
