Se cancelan las remesas: el Gobierno de EE.UU lo confirmó y todas estas personas ya no podrán enviar dinero a su país de origen

Muchos colombianos que residen en Estados Unidos dependen del envío de remesas para apoyar a sus familias en el país. Sin embargo, existen dudas sobre si ciertas situaciones legales pueden impedir el envío de dinero o envío de remesas desde el exterior.

Uno de los principales interrogantes es si las personas en situación migratoria irregular o sospechosas de delitos como lavado de dinero o terrorismo pueden ser bloqueadas al momento de hacer transferencias.

Si bien no hay una ley que impida expresamente el envío de remesas por ser inmigrante indocumentado, existen normativas estrictas que regulan el sistema financiero internacional.

Estados Unidos puede bloquear remesas en casos específicos

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mantiene listas de personas y organizaciones sancionadas por su vínculo con actividades ilegales, como el narcotráfico, el terrorismo o el lavado de dinero. Si un colombiano figura en estas listas, puede ser bloqueado para operar en el sistema financiero, incluyendo el envío de remesas.

Además, la ley federal exige a las instituciones financieras reportar actividades sospechosas, lo que puede llevar a congelamientos preventivos de fondos. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tanto bancos como empresas de transferencia de dinero deben cumplir con estrictas regulaciones de cumplimiento (compliance) para evitar sanciones.

¿Los inmigrantes indocumentados pueden enviar dinero desde EE.UU.?

Aunque no existe una prohibición directa, las personas que se encuentran en situación migratoria irregular suelen enfrentar mayores obstáculos para acceder a servicios financieros. Esto se debe a que muchos operadores exigen una identificación válida y comprobante de residencia para realizar transferencias internacionales.

Sin acceso a cuentas bancarias, licencias o identificaciones oficiales, los inmigrantes indocumentados pueden verse obligados a recurrir a canales informales, que no siempre son seguros ni legales. En algunos casos, esto puede exponerlos a investigaciones si se detectan operaciones fuera de norma o sospechosas.