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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó la Resolución 9021 de 2025, que prohíbe el tránsito internacional de cigarrillosa través de Colombia cuando su destino final no sea el país. La medida apunta a frenar el contrabando, que en los últimos años provocó millonarias pérdidas fiscales y afectó a la industria formal del tabaco.
Según la entidad, entre 2021 y 2023 el Estado dejó de recaudar 94.874 millones de pesos en tributos aduanerosdebido al contrabando abierto y la subfacturación. Además, en ese período y hasta el primer semestre de 2025, se presentaron 133 denuncias penales contra redes dedicadas a este comercio ilícito, con un valor estimado de 71.200 millones de pesos.
Contrabando de cigarrillos: las pérdidas millonarias en Colombia
El contrabando de cigarrillos es uno de los negocios ilegales más rentables en el país. De acuerdo con la DIAN, las estructuras criminales se valen del tránsito internacional para ingresar mercancía sin pagar impuestos, lo que genera un fuerte impacto sobre la economía y sobre la salud pública.
La restricción ahora impedirá que los cargamentos pasen por territorio colombiano bajo esta modalidad, cerrando así una de las rutas más utilizadas por las mafias. El director encargado de la entidad, Luis Eduardo Llinás, aseguró que la lucha contra este flagelo será "frontal y sin tregua".
Qué establece la Resolución 9021 de 2025 de la DIAN
La norma prohíbe expresamente el tránsito aduanero internacional de cigarrillos clasificados en la partida 24.02 cuando su destino final no sea Colombia. Solo los productos legalmente importados para el mercado interno podrán continuar su proceso de nacionalización en el país.
El documento también precisa que las medidas buscan "neutralizar el contrabando, proteger la industria legal y reforzar los controles fronterizos". Con ello, la entidad espera recuperar una parte importante de los recursos fiscales que se pierden por este comercio ilegal.
Excepciones a la prohibición: qué sectores podrán importar en emergencias
La resolución contempla excepciones para las importaciones urgentes de insumos destinados a sectores estratégicos como energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte aéreo y marítimo, salud y logística. Estos productos podrán ingresar de forma prioritaria en situaciones de crisis, incluidas las generadas por fenómenos climáticos.