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Con la proximidad del cierre del año, la cuestión relativa al salario mínimo 2026 ha resurgido en el ámbito del debate económico. En un contexto de desacuerdo entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que el ajuste será determinado por decreto presidencial antes de que concluya el año 2025.
A pesar de que el valor oficial aún no ha sido publicado, diversas fuentes vinculadas al proceso sugieren que el nuevo salario mínimo podría situarse en torno a los $ 1,7 millones mensuales, lo que representaría un aumento superior al 30% en comparación con el salario actual.
Petro anuncia aumento del salario mínimo por decreto
Durante un evento en Bucaramanga, el presidente Petro afirmó que “despediremos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo”, sugiriendo que esta medida no será resultado de un consenso tripartito.
Según estimaciones mencionadas por Infobae, la cifra aproximada de $ 1,7 millones se deriva de proyecciones fundamentadas en la inflación, la productividad laboral y las declaraciones de Fenalco, así como de otras entidades que participan en la mesa de concertación.
Métodos para calcular el aumento del salario mínimo
Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron que el nuevo valor considera tres variables fundamentales: la inflación proyectada para 2025 (3,5%), el PIB anual y el índice de productividad laboral.
Por su parte, las centrales obreras sostienen que el ajuste debe sobrepasar la inflación real y mejorar los ingresos de los trabajadores con menores recursos. En contraste, los gremios empresariales solicitan cautela para evitar presiones sobre las pymes y el empleo formal.
Si la tendencia inflacionaria se mantiene y el Gobierno busca recuperar el poder adquisitivo, el incremento podría situarse entre el 25% y el 32%, dejando el salario en torno a los $ 1,7 millones.
Impacto del nuevo salario mínimo en la economía
Un aumento a $ 1,7 millones modificaría automáticamente otros valores asociados al salario mínimo legal vigente (SMMLV), como el auxilio de transporte, las cotizaciones a pensión y salud y las tarifas de multas o aportes basadas en el ingreso básico.
De concretarse la medida, más de tres millones de trabajadores formales se verían beneficiados directamente y el impacto en el consumo podría favorecer la reactivación económica en el primer semestre de 2026.
