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Tras el terremoto del 10 de agosto, uno de los principales desafíos para el Gobierno colombiano será transformar los recursos destinados a la emergencia en soluciones concretas para las poblaciones damnificadas. La reconstrucción de viviendas, colegios y centros de salud aparece entre las prioridades.
El estado de emergencia abre durante 30 días un período excepcional para adoptar medidas que agilicen la respuesta. Durante ese plazo, el presidente Abelardo De La Espriella podrá expedir decretos con fuerza de ley vinculados con la crisis y establecer herramientas para facilitar la administración y ejecución de los recursos.
En diálogo con La FM Fin de Semana, el abogado Jorge Hernán Beltrán Pardo, especialista en contratación pública y derecho administrativo, explicó qué mecanismos podrían utilizarse para acelerar estos procesos sin dejar de lado los controles sobre el dinero destinado a la reconstrucción.
Emergencia económica: qué podrá hacer De La Espriella durante los 30 días
Según explicó Beltrán Pardo, las facultades excepcionales permiten crear instrumentos jurídicos e institucionales específicos para responder a las consecuencias del terremoto y avanzar con mayor rapidez en las tareas de reconstrucción.
Para el especialista, los resultados no deberían medirse únicamente por la cantidad de recursos públicos y donaciones obtenidas, sino por su utilización efectiva. El objetivo será que esos fondos puedan transformarse en viviendas habitables, colegios reconstruidos y centros de salud en funcionamiento.
En ese sentido, recordó experiencias anteriores como el Fondo de Adaptación, creado después de la ola invernal de 2010, y el Forec, establecido tras el terremoto de 1999. Ambos funcionan como antecedentes de estructuras diseñadas para gestionar recursos frente a situaciones extraordinarias.
De acuerdo con el cálculo realizado por Beltrán Pardo a partir del decreto y su entrada en vigencia, el período de 30 días finalizaría el próximo 17 de septiembre de 2026.
Contrataciones de emergencia: qué mecanismos podrán utilizarse
Una de las herramientas disponibles es la urgencia manifiesta, una figura que permite agilizar determinadas contrataciones necesarias para atender una situación excepcional. Los procesos realizados bajo este mecanismo deben posteriormente quedar sujetos a los controles correspondientes.
Sin embargo, el especialista señaló que no todas las compras vinculadas con la emergencia tienen que realizarse necesariamente mediante contratación directa. También existen mecanismos de Colombia Compra Eficiente, como los acuerdos marco de precios y los catálogos de bienes y servicios.
La premisa, según explicó, debería ser “contratar rápido pero verificando que esté en precios de mercado”. Esto permitiría reducir los tiempos sin dejar de controlar cuánto se paga por los productos, materiales y servicios destinados a las zonas afectadas.
Otro punto planteado es la posibilidad de utilizar la contratación pública para reactivar las economías de los municipios golpeados por el terremoto.
Las facultades extraordinarias podrían facilitar mecanismos para favorecer la participación de mipymes, ferreterías y proveedores locales en la adquisición de materiales y la contratación de servicios necesarios para avanzar con las obras.
“Contrate a la ferretería del municipio, contrate a proveedores locales para suministrar los bienes, para reactivar la economía, pero además para ser mucho más rápidos y transparentes”, propuso Beltrán Pardo.
¿Quién controlará los recursos destinados a la reconstrucción?
Las facultades extraordinarias no eliminan los organismos ni los mecanismos de control. Los contratos deberán continuar publicándose en el SECOP y las autoridades encargadas de supervisar el manejo de los recursos públicos mantendrán sus funciones.
Esto incluye a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que podrán actuar dentro de sus respectivas competencias ante eventuales irregularidades.
“El hecho de que haya mecanismos para contratar rápido no quiere decir que no haya control”, remarcó Beltrán Pardo.
Para el especialista, uno de los principales desafíos será lograr un equilibrio entre agilidad y transparencia, evitando que el temor de los funcionarios a tomar decisiones termine demorando la asistencia y las obras.
“Lo que no podemos permitir en este momento es la inacción”, concluyó el abogado, al advertir sobre la necesidad de utilizar las herramientas disponibles para evitar que la reconstrucción se prolongue durante años.
