Las implicancias colaterales de la expropiación del 51% de las acciones de YPF y del ingreso del Estado como accionista controlante de la petrolera seguramente también marcarán el futuro de Metrogas.

Es que a partir de su desembarco en la ahora ex compañía de Repsol y la familia Eskenazi, el Gobierno se convierte en accionista de peso en la principal distribuidora de gas del país con 2,2 millones de clientes en Capital y el ámbito bonaerense.

Esto es así porque Gas Argentino S.A (GASA), controlante del 70% de Metrogas, es una sociedad en la cual YPF posee 45,33% de las acciones, mientras que otro 54,67% está en manos de British Gas (BG). Del 30% restante, un 20% flota en Bolsa y otro 10% es del personal.

Desde 2010, Metrogas se encuentra en default, tras pedir a la Justicia la apertura de su concurso preventivo de acreedores para renegociar el pago de una deuda de u$s 250 millones. También desde esa fecha está intervenida por el Gobierno que designó a Antonio Gómez como su representante para fiscalizar y controlar los actos administrativos de la compañía con la excusa de evitar que el default pueda afectar su servicio.

Si bien el representante del Gobierno no tiene poder de decisión, en el mercado especulan con que el cambio de escenario en YPF también provocará un cambio de escenario en Metrogas. Anticipan que los directores de la petrolera en Metrogas serán reemplazados por tropa del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del viceministro de Economía, Axel Kiciloff, como ocurrió con los directores de Repsol y de los Eskenazi en YPF.

No hay que descartar que De Vido también quiera tomar decisiones sobre Metrogas, aseguraron fuentes del sector.

Como justificación a este hecho recordaron el fracaso de los Eskenazi para comprar las acciones de BG en Metrogas a pesar de haber tenido la venia oficial para la operación.

También advirtieron que el Gobierno no tiene intenciones de compartir el futuro de Metrogas con un grupo como BG que radicó una demanda contra el Estado ante el Ciadi mas allá de que el fallo final benefició a la Argentina. Además advirtieron que, por su origen británico, BG tampoco es bien visto en momentos en los que el caso Malvinas tiene fuerte repercusión política.

En tanto, desde despachos oficiales se adelantó que se analizarán todas las variantes posibles para preservar el futuro de la distribuidora y lograr que también sea 100% nacional.

De hecho, el ingreso del Estado podría generar un flujo de nuevas inversiones en Metrogas sin necesidad de aumentar la tarifa, reclamo constante del actual directorio de la compañía por entender que el congelamiento de precios fue el detonante de todos los problemas financieros de la distribuidora, cuyos últimos seis balances anuales vienen arrojando fuertes pérdidas.

En la última carta a la Bolsa que la distribuidora envió en marzo pasado, vuelve a cuestionar el congelamiento de tarifas que ya lleva 12 años, período en el cual sus costos se incrementaron en más del 350%.

Durante los últimos 12 años Metrogas realizó grandes esfuerzos para obtener una recomposición tarifaria que reestablezca su ecuación económico-financiera. La falta de incremento en la tarifa, el no traslado a tarifas de tasas municipales y la falta de reconocimiento del incremento de costos, que desde 2001 hasta la fecha se incrementaron en un 359%, provocaron un serio desequilibrio económico y financiero a Metrogas, dice la carta.

En la firma también recuerdan que en enero pasado el ministro De Vido los intimó a renegociar la concesión, pero aseguran que no hubo ningún avance.