Hace tiempo que el sistema de obras sociales responde a intereses que no son los de la salud. En los últimos 50 años, ningún gobierno se resistió a la tentación de generar su propio ordenamiento. Pero lo que se ha conseguido, en cada intento, es aumentar la distancia entre la cobertura que cada afiliado reclama como derecho, y el uso que se le da a los recursos que nutren su funcionamiento.
En épocas de crisis, cuando el desempleo achicaba la masa de aportantes, la preocupación pasaba por la subsistencia de las estructuras creadas. Clínicas y sanatorios sindicales languidecieron por años, hasta que la desregulación de los 90 alentó al sector privado a tomar su lugar, y forzó fusiones y cierres.
Hoy no hay escasez de fondos. Sin embargo, las problemas no desaparecieron. Las obras sociales siguen a merced del Gobierno, recaudador y distribuidor de fondos, para quien este régimen es una caja que auxilia sus propias necesidades financieras. Los asalariados, además de financiar al hospital público con sus impuestos y a las entidades de origen gremial con sus aportes, muchas veces pagan una cuota para asegurarse un mejor servicio.
Todavía hace falta pensar un modelo que funcione con eficiencia y transparencia, pero sobre todo que priorice la salud por encima del manejo del dinero.
