El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha asumido esta semana las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. Su objetivo más inmediato es recuperar la confianza en la alta velocidad ferroviaria, muy dañada por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que este año han causado 115 muertes.

Puente dejó el cargo después del choque de Urda, ocurrido el 28 de octubre, en el que murieron 69 personas, y renunció también a ser candidato del PSOE el 29N. Su salida deja a Cuerpo al frente de un ministerio en plena crisis y con muy poco margen de maniobra.

A 22 días de las elecciones generales, el tiempo para impulsar reformas es escaso. Está por ver si será suficiente para demostrar que la red ferroviaria es más segura, que los servicios funcionan mejor y que el dinero comprometido llega realmente a las obras y al mantenimiento.

Nueva cúpula para Adif

Entre las decisiones más urgentes figura la renovación de la dirección de Adif, después de que su presidente, Pedro Luis Marco de la Peña, dimitiera el pasado miércoles, según informó la agencia EFE.

Cuerpo tendrá que nombrar a los nuevos responsables del administrador ferroviario en un momento delicado, mientras se revisan los protocolos y las condiciones de circulación.

El reto de frenar las huelgas en el tren

En sus primeros días al frente de Transportes, el vicepresidente se ha centrado en intentar reducir el alcance de la huelga convocada para el 17 de noviembre por el comité de empresa de Adif, en el que están CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviaria.

La convocatoria se ha extendido a Renfe y a operadores privados como Ouigo e Iryo, lo que podría derivar en una huelga general en el sector ferroviario y agravar aún más la crisis. A eso se suman los paros convocados por el sindicato de maquinistas Semaf para el 10 y el 12 de noviembre.

Cuerpo se reunió con el sindicato el jueves y el viernes, pero por ahora las dos jornadas de huelga se mantienen. Si siguen adelante, el ministro tendrá que garantizar los servicios mínimos y la información a los pasajeros.

Llevar a la práctica el plan de seguridad

Otra de sus tareas será aplicar las medidas de seguridad que Puente aprobó antes de dimitir, entre ellas una doble supervisión de las órdenes desde los centros de control cuando falle la señalización, mejores alertas informáticas y más formación y mejores condiciones laborales para el personal de control.

Los sindicatos, sin embargo, consideran que el plan es insuficiente y que los compromisos anteriores no se han cumplido. Por eso, reclaman a Cuerpo medidas concretas y con plazos para atender las demandas del sector.

La reapertura de la línea Madrid-Sevilla

Para recuperar la confianza de los viajeros, también será clave volver a poner en marcha la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y garantizar que funcione con fiabilidad.

La reapertura del tramo afectado por el accidente de Urda depende de la autorización judicial. Puente se comprometió a restablecer el servicio en un plazo máximo de diez días naturales desde que la jueza lo permita.

Constructoras e ingenierías reclaman soluciones

Más allá de la crisis ferroviaria, Cuerpo hereda otros frentes abiertos, como el de las constructoras. Las principales patronales del sector piden una revisión extraordinaria de los precios de los contratos, ya que el encarecimiento de los materiales y la energía, iniciado con la guerra de Ucrania y prolongado por la de Irán, pone en riesgo tanto las licitaciones en marcha como las futuras.

Las ingenierías, por su parte, reclaman más inversión pública en infraestructuras, con especial atención al mantenimiento y la conservación. Además, denuncian la competencia desleal de empresas públicas como Ineco y Tragsa, a las que, según aseguran, se adjudican proyectos “a dedo” que quedan fuera del alcance de las firmas privadas.