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María, una vecina de más de 65 años con demencia diagnosticada, vive un auténtico calvario en España: no puede entrar en su propia vivienda, mientras una inquilina -marroquí de unos 45 años- que ya no tiene contrato sigue dentro y hasta hace negocio realquilando habitaciones.
Lo que ocurre con María refleja el lado más cruel del fenómeno de los okupas en España, una problemática que se agrava cada año y deja en evidencia la falta de respuesta judicial ante la ocupación ilegal de viviendas.
Según relata Okdiario, María tiene su casa pagada, pero no puede vivir en ella. La inquilina, a la que alquiló el piso por 750 euros -650 realmente, con la comunidad incluida-, se niega a marcharse tras finalizar el contrato.
La inquiokupaha convertido la vivienda ajena en un negocio, alquilando habitaciones como si fuera una agencia improvisada. Mientras tanto, la propietaria legítima duerme en sofás, acogida por sus hijos, enferma y desorientada.
Cuando la ley de vivienda en España protege al abusador
El caso roza lo surrealista. Cuando la familia intenta frenar el abuso y evitar que entren nuevos inquilinos, la Policía Local acude y denuncia a los hijos por coacciones. Es la paradoja del sistema: quienes defienden su propiedad acaban siendo tratados como delincuentes.
Este es un nuevo ejemplo del caos que rodea a la ley de vivienda en España, una normativa que, según numerosos juristas, prioriza los derechos del ocupante sobre los del propietario. Mientras los tribunales acumulan expedientes, las víctimas se sienten abandonadas y sin respuesta.
Los afectados denuncian que la lentitud judicial y la ambigüedad de las normas facilitan que los okupas en España actúen con total impunidad.
Un problema estructural sin solución a la vista
Las asociaciones de propietarios advierten que la situación es insostenible. Piden al Gobierno una revisión urgente de la ley de vivienda en España, y reclaman que se establezcan protocolos rápidos para desalojar a los okupas en España en casos evidentes de abuso.
Mientras tanto, miles de ciudadanos viven con miedo de dejar sus casas vacías por temor a que sean tomadas. El fenómeno no es nuevo, pero la falta de acción política lo ha convertido en un símbolo del desamparo legal que sufre buena parte de la sociedad.
