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España se prepara para una nueva cita electoral después del anuncio del adelanto de los comicios generales al domingo 29 de noviembre. Con el proceso ya en marcha, miles de ciudadanos recibirán en las próximas semanas la notificación de que fueron designados para integrar una mesa electoral.
Si bien acudir a la mesa electoral es obligatorio, la Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central contempla una serie de situaciones que permiten solicitar la exención de este cargo.
Cabe destacar que no se trata de una lista cerrada. Las Juntas Electorales de Zona pueden valorar otras circunstancias que consideren equivalentes a las ya previstas.
La designación como presidente, vocal o suplente de mesa surge de un sorteo público entre los electores que saben leer y escribir y tienen menos de 70 años. Conocer qué excusas son válidas es importante para quienes buscan quedar exentos de esta obligación.
Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 29 de noviembre: por qué
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de las elecciones generales tras no conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar los decretos de vivienda.
En su comparecencia desde el Palacio de Moncloa, el mandatario justificó la decisión en la necesidad de conformar una mayoría parlamentaria más amplia que le permita continuar con su agenda legislativa.
El decreto de disolución y la convocatoria quedaron formalizados con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que puso en marcha de manera oficial todo el calendario electoral, incluida la designación de los integrantes de las mesas.
Mesa electoral: qué situaciones personales habilitan a pedir la excusa
Hay una serie de causas que, una vez acreditadas, justifican automáticamente que una persona quede relevada del cargo:
- Tener entre 65 y 70 años.
- Encontrarse en situación de discapacidad.
- Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
- Estar de baja médica por incapacidad temporal para trabajar.
- Estar embarazada a partir del sexto mes de gestación, o atravesar el período de descanso posterior al parto (aplica también al otro progenitor).
- Estar privado de libertad o internado en un centro psiquiátrico.
- Haber integrado una mesa electoral al menos en tres ocasiones durante los últimos diez años.
- Ser víctima de una situación con una orden de alejamiento vigente contra una persona inscrita en el censo de esa misma mesa.
Existe además un segundo grupo de causas personales cuya validez queda sujeta a la evaluación de la Junta Electoral de Zonas:
- Una enfermedad o dolencia que dificulte el desempeño del cargo.
- Una intervención quirúrgica o prueba clínica relevante programada para esos días.
Responsabilidad familiares y laborales que también sirven de excusa
En el plano familiar, puede solicitarse la exención por:
- El cuidado directo de un familiar hasta segundo grado que no pueda valerse por sí mismo.
- Tener a cargo menores de 12 años o personas con discapacidad.
- Ser madre o padre de un menor de 14 años, cuando se acredite que no existe otra persona disponible para ocuparse de él durante la jornada electoral.
- Tener que asistir a un evento familiar impostergable, como una boda.
En el ámbito profesional, pueden quedar exentos:
- Quienes ese día deban cumplir funciones esenciales para la Administración Pública, la Justicia o las propias Juntas Electorales, siempre que se demuestre la dificultad de reemplazarlos.
- Trabajadores de servicios considerados vitales, como personal sanitario, bomberos o integrantes de Protección Civil.
- Directores de medios de comunicación y responsables de servicios de información que deban cubrir la jornada electoral.
Las consecuencias por no presentarse a la mesa electoral sin justificación
Una vez notificada la designación, el ciudadano cuenta con siete días para presentar ante la Junta Electoral de Zona una causa documentada que respalde su pedido de excusa, y el organismo tiene hasta cinco días para resolverla.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General contempla el no acudir a la mesa sin una razón válida como un delito.
La norma prevé penas de entre tres meses y un año de prisión, o bien una multa, además de sanciones económicas que pueden ir de los 2000 a los 7000 euros para quienes incumplan sin justificación sus funciones el día de la votación.
