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Un operario con casi tres décadas de trayectoria en la empresa pública de transportes de París quedó desvinculado tras un control interno de sustancias que detectó cannabis en su organismo.
El trabajador, diagnosticado de bipolaridad, afirmó que el positivo respondió a un tratamiento prescripto con CBD. El caso abrió un debate complejo que mezcla derechos laborales, salud mental y protocolos internos rígidos.
El despido de Jean-Jacques Modeste encendió una polémica que ahora se trasladará a los tribunales. El empleado sostuvo que la medicación formaba parte de un tratamiento permanente y que confiaba en que la documentación médica bastaría para aclarar la situación.
La empresa, en cambio, aplicó la sanción más severa. ¿Cómo se llegó a una resolución tan drástica? Modeste sostuvo que la decisión ignoró su historial laboral, su diagnóstico y las recetas que presentó.
La compañía se apoyó en un protocolo que no diferencia entre CBD terapéutico y consumo recreativo de cannabis. De ese choque surgió un conflicto que pone en cuestión los límites de los controles internos.
¿Quién es el trabajador y por qué el tratamiento abrió la puerta al despido?
Jean-Jacques Modeste ingresó en la RATP con 18 años y permaneció allí durante 27 años. Su tarea diaria se concentró en el mantenimiento de autobuses en el depósito de Saint-Maur-Créteil, en la región de Val-de-Marne.
Su familia tenía tradición en el sector y su trayectoria se mantuvo sin incidentes relevantes hasta el control que detonó el expediente disciplinario.
El trabajador explicó que su bipolaridad requería un seguimiento médico regular, acompañado por el uso de CBD prescripto tras cada revisión clínica.
Relató que nunca informó a la empresa porque lo consideraba parte de su privacidad, en línea con otras patologías que no interfieren con el desempeño. La sorpresa llegó cuando el resultado del test lo ubicó en el centro de un procedimiento automático que no contempló matices.
El punto crítico residió en que las pruebas detectan cannabis sin distinguir entre componentes psicoactivos y terapéuticos. Modeste afirmó que su medicación no alteraba su conducta ni representaba riesgo operativo.
Ante la empresa, presentó certificados médicos que acreditaban el uso legal del producto. La documentación no evitó el desenlace más severo.
¿Cómo fue el control de sustancias y qué decisiones tomó la empresa?
La RATP realizó controles internos como parte de un protocolo destinado a garantizar seguridad en el servicio. Modeste dio positivo y recibió una notificación con las posibles sanciones, incluido el despido.
De inmediato preparó su defensa mediante recetas y certificados médicos que explicaban su situación clínica y el tratamiento que seguía.
La audiencia disciplinaria duró alrededor de media hora. Los representantes del personal apoyaron su continuidad y destacaron su desempeño a lo largo de 27 años.
La dirección, no obstante, tomó la decisión final sin considerar los argumentos sanitarios. En menos de una hora, la carrera del operario quedó anulada por un mecanismo que priorizó el resultado del test sobre su historial.
Fuente: Freepik
El trabajador lamentó que la autoridad descartara la validez de sus documentos médicos. Señaló que, en un contexto marcado por tensiones internas debido a la reorganización del servicio y a una privatización parcial, algunos derechos de empleados con enfermedades crónicas empezaron a revisarse. A su juicio, ese clima influyó en el desenlace.
¿Qué caminos legales y profesionales seguirá tras el cese?
Modeste confirmó que acudirá al tribunal laboral para solicitar la revisión completa del expediente y denunciar lo que considera un despido injustificado.
Espera que la justicia reconozca la legitimidad del tratamiento y la falta de proporcionalidad de la sanción. Su objetivo inmediato apunta a recuperar su empleo o, al menos, obtener una reparación.
En paralelo, planea utilizar su cuenta de formación profesional (CPF) para iniciar una reconversión laboral. Entre las alternativas, analiza especializarse en mecánica mientras busca nuevas oportunidades. Esa doble estrategia combina defensa de derechos y adaptación a un escenario laboral incierto.
El caso dejó planteado un interrogante mayor: ¿están preparados los protocolos internos para enfrentar situaciones donde la salud mental y los tratamientos prescriptos chocan con normativas rígidas? La respuesta, por ahora, sigue en disputa.
