El Gobierno buscará acelerar el tratamiento del proyecto de Financiamiento Universitario en las próximas semanas, tras el fallo adverso de la Justicia Federal que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la norma sancionada por impulso de la oposición. Según la estimación oficial del Gobierno, el costo fiscal estimado de la ley asciende a más $2 billones.
Según pudo saber El Cronista de fuentes de la Casa Rosada, el tema fue discutido en la reunión de la Mesa Política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el pasado lunes a la tarde. Del encuentro trascendió que también hablaron del fallo que suspendió 83 artículos de la reforma laboral.
“Se conversó, la idea es avanzar a finales del mes de abril”, precisaron las fuentes en diálogo con este diario. La iniciativa oficialista fue presentada a fines de febrero y el ministro coordinador había adelantado que iba a ser unas de las prioridades del Gobierno, junto con el paquete de Propiedad Privada, el envío de pliegos judiciales y las modificaciones al Código Penal.
Tras haber fallado en el intento de derogarla en el marco del Presupuesto 2026, el objetivo del Poder Ejecutivo es “compatibilizar” el texto vigente “con el equilibrio fiscal”. También tienen planeado presentar el mismo proyecto en línea con la ley de Emergencia en Discapacidad, que también tuvo que ser aplicada por presión judicial.
En el caso de las Universidades, el lunes se dio a conocer que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, rechazó el recurso de apelación del Ejecutivo y lo ordenó a aplicar “de manera inmediata” los artículos 5 y 6 la ley vigente. El procedimiento surge de una iniciativa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras 40 universidades públicas.
En el Gobierno aseguraron que iban a acatar al fallo, tras haber hecho caso omiso al de primera instancia, pero que iban a llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia para apelar por la decisión de la Cámara. No obstante, la solución de raíz estará en cambiar la normativa vigente, con el Congreso ahora más favorable en materia de votos, ya que eso bloqueará el avance de los fallos en contra.
La Secretaría de Legal y Técnica que dirige María Ibarzabal Murphy, a través del decreto 759/2025, suspendió la implementación de una ley que consiguió el respaldo de dos tercios de ambas Cámaras del Poder Legislativo tras insistir sobre el veto del Presidente. El argumento que utilizaron fue la promulgación de la norma debía subordinarse a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Los jueces rechazaron ese eje y sostuvieron que un decreto no puede frenar la aplicación de la ley. Plantearon, además, que resultaban “poco serios” los agravios presentados por el Estado y resaltaron que el impacto fiscal de es bajo.
El artículo 5° fija que los salarios universitarios deben ajustarse en función de la evolución inflacionaria desde diciembre de 2023 para garantizar que no queden por debajo de ese índice. El artículo 6° dispone una actualización equivalente para los programas de asistencia estudiantil, con el objetivo de preservar su poder adquisitivo.
Una estimación más reciente del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), elaborada en febrero de 2026, para cumplir con la recomposición salarial y presupuestaria prevista por la Ley 27.795 sería necesario incrementar en 2026 al menos $3,1 billones las partidas destinadas a salarios, funcionamiento, hospitales universitarios y becas, equivalente al 2,1% del presupuesto nacional.
En términos estrictamente salariales, el incremento necesario es del 63,7% sobre las partidas del presupuesto 2026, equivalente a $2,734 billones.
El proyecto del Ejecutivo elimina esa recomposición retroactiva a diciembre del 2023 y la reemplaza por tres aumentos escalonados del 4,1% cada uno, a partir del 1 de marzo. La diferencia concreta es enorme: según un informe del sindicato docente de la UBA, implica una diferencia de 2,5 billones de pesos que los trabajadores universitarios dejarían de percibir.
Además, sobre las paritarias, el nuevo texto mantiene la obligación de convocarlas cada tres meses pero elimina la cláusula que garantizaba que los aumentos no podían ser inferiores a la inflación del INDEC. Es decir: las negociaciones siguen siendo obligatorias, pero el piso de actualización desaparece.
En esa línea, la ley vigente reconoce una recomposición del 31,9% que debía aplicarse desde enero de 2025, atada a la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024. El nuevo proyecto elimina esa recomposición y fija que el presupuesto universitario solo se ajustará si la inflación si supera ese 14,3% proyectado.
La clave que este proyecto estará en los gobernadores, especialmente de la Unión Cívica Radical (UCR). Según el Gobierno, el texto fue acordado con los rectores de las universidades, de manera tal que habría una predisposición de los aliados de dar el visto bueno para la modificación.
