Ante la acumulación de frentes judiciales que frenan la aplicación de la reforma laboral sancionada en febrero, el Gobierno prepara una ofensiva para que el fuero laboral deje de tramitar las causas, aunque descuentan que de todos modos los caminos solo conducen a la Corte Suprema de Justicia. La maniobra, además, se vincula con el envío de los pliegos judiciales.
El último detonante fue el fallo del juez laboral Raúl Horacio Ojeda, del juzgado del Trabajo N° 63, que dio lugar al pedido de una medida cautelar para suspender 82 artículos de la ley, a pedido de la CGT. Entre ellos, el corazón de la norma: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de la sentencia en contra más abarcativa hasta ahora, la cual frena sus efectos antes para analizar el fondo del pedido de inconstitucionalidad.
Es el segundo fallo de este fuero en contra de la reforma, ya que recientemente avanzó otro expediente iniciado por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) que cuestiona específicamente el traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y pidió una cautelar que fue otorgada por el mismo fuero laboral.
La Casa Rosada ya había previsto esta tendencia del juzgado y, justamente con eso en mente, aceleró esa transferencia de competencias que, en definitiva, tiene como objetivo final la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.
Pero, además, el Gobierno ganó una pulseada clave con la inhibitoria planteada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, en la que alegó que el expediente no debe tramitar en el fuero laboral.
Se trata de una herramienta en la que un juez le ordena a otro que deje de intervenir en una causa porque no le compete. Argumentaron que estos casos se tramitan en el fuero contencioso y, además, la controversia involucra normas de derecho público y actos estatales, por lo que corresponde que la analicen jueces federales.
El magistrado Enrique Alonso Reguera coincidió con el argumento del Gobierno y apartó a la Justicia Laboral de la causa.
Esta victoria genera un antecedente clave ya que en la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio; en el ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques; y la secretaría de Legal y Técnica, comandada por María Ibarzábal Murphy, evalúan si pueden repetirla para el caso del fallo del juez Ojeda.
“Estamos explorando esto”, confirmaron las fuentes judiciales consultadas por El Cronista, en línea con la inhibitoria. “Hay que ver, está mal el fallo, el juez confunde criterios y se equivoca procesalmente en el tema“, adelantaron en diálogo con este medio desde las espadas legales del Gobierno.
El tema ya fue abordado por el juez Alonso Reguera que, cuando apartó a la Justicia Laboral de la causa del traspaso de competencias, rechazó la posibilidad de que se convierta en un amparo colectivo junto con el reclamo de la CGT, porque son dos procesos distintos. Pese a que traten la misma ley, tienen por objeto abordajes distintos.
El Gobierno puede insistir ante las Cámaras. El ministerio de Capital Humano confirmó que apelarán el fallo, que es el próximo paso seguro: “Se agotarán todas las instancias judiciales necesarias”, difundieron en un comunicado.
Hasta ahora, la causa de la UEJN ya migró al Contencioso Administrativo Federal y cuestiona la disolución del fuero laboral, mientras que la de la CGT quedó en el fuero laboral, obtuvo la cautelar más amplia de todas con 82 artículos suspendidos y ahora el juez Ojeda deberá resolver el fondo del caso.
El Gobierno apuesta a que la Cámara Contencioso Administrativa Federal atraiga todas las causas laborales, unificando el criterio en un fuero históricamente más permeable a los argumentos del Estado, antes del salto inevitable a la Corte Suprema.
Las fuentes coinciden con que es un tema que igualmente “termina en la Corte Suprema de Justicia”. No es ajeno el dato de que este lunes el Gobierno envió las primeras tandas de pliegos judiciales, dentro de los que se encuentra el hijo del supremo, Horacio Rosatti, para postularse en el tribunal federal de juicio de la Ciudad de Santa Fe.
Se trata de Emilio Rosatti, cuyo pliego ingresó al Senado por la tarde del lunes junto con el de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal de Julián Ercolini, otra señal para Comodoro Py. En esa línea también se encuentra el pliego de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por la causa de la criptomoneda $LIBRA.
