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El Poder Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Mario Lugones (Salud) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), llega en un momento peculiar: el tema ya tiene media sanción en Diputados desde noviembre de 2024, pero el Senado nunca la trató. Ahora el Ejecutivo intenta imponer su propia versión del debate.
El diagnóstico
El mensaje presidencial que acompaña el proyecto cita datos del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Secundaria 2025 de SEDRONAR, que revelan que más de una cuarta parte de los alumnos secundarios apostó dinero durante el último año, con una prevalencia especialmente alta en modalidades online.
La proliferación de plataformas sin autorización —que operan fuera de los marcos regulatorios provinciales— es señalada como el principal vector del problema.
Qué propone la ley
El texto se estructura en seis capítulos. El núcleo duro son las modificaciones al Código Penal: se elevan las penas de 3 a 6 años para quienes operen plataformas de juego sin autorización provincial, y se incorpora una figura penal nueva —artículo 301 ter— que castiga con 2 a 4 años a quienes presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios a operadores ilegales a sabiendas.
En materia de regulación financiera, el BCRA y la CNV quedarían obligados a impedir que entidades bancarias, prestadoras de pago y proveedores de criptomonedas operen con plataformas sin licencia o con operadores autorizados que no tengan sistemas de verificación de edad. El ENACOM deberá bloquear dominios denunciados por las autoridades jurisdiccionales, y NIC Argentina podrá dar de baja registros de internet vinculados al juego ilegal.
La prevención sanitaria recae sobre SEDRONAR, que deberá desarrollar programas de concientización, capacitación para agentes públicos y docentes, producción de estadísticas epidemiológicas y campañas educativas.
Lo que no está
Aquí radica la controversia de fondo. El proyecto oficial pone el foco en el juego clandestino y en el acceso de menores, pero no incorpora restricciones sobre la publicidad legal, los bonos de bienvenida ni los vínculos entre casas de apuestas y clubes de fútbol, que sí estaban en la media sanción aprobada por la oposición en noviembre de 2024.
Ese texto, impulsado por bloques opositores, prohibía la publicidad de apuestas online en términos amplios, vedaba los “bonos de bienvenida” y las recompensas por tiempo de juego, y exigía sistemas de reconocimiento facial para verificar la identidad de los usuarios. La Libertad Avanza votó en contra de esa iniciativa, mientras que PRO y UCR se abstuvieron.
Una disputa federal pendiente
El proyecto reconoce que el poder de policía sobre los juegos de azar corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que el Estado nacional pretende regular son los bordes: la publicidad, los flujos financieros y el acceso de menores en el entorno digital, donde la jurisdicción provincial resulta difusa. Las provincias son invitadas —no obligadas— a adherir al capítulo de publicidad. El Ejecutivo tiene 60 días para reglamentar la ley si obtiene sanción, aunque primero deberá resolver si su versión desplaza o convive con la media sanción que lleva esperando dictamen en el Senado.
