En esta noticia
La recaudación tributaria alcanzó en abril nueve meses consecutivos de caída real interanual. Este escenario obligó al Gobierno a profundizar nuevamente el recorte del gasto primario para sostener una pieza innegociable de su programa: el equilibrio fiscal.
Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la meta de superávit primario —sin el pago de intereses— al 1,4% del PBI para 2026 (frente al 2,2% del acuerdo original), el objetivo sigue siendo exigente para la administración de Javier Milei, que ya encadena dos años sosteniendo el “ancla fiscal”.
En ese sentido, mientras la recaudación tributaria continúe afectando los ingresos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Economía deberá avanzar en un mayor ajuste del gasto.
Según datos procesados por la consultora Analytica, el gasto primario devengado disminuyó un 5,7% interanual real. De esta manera, señalan que el primer cuatrimestre acumula una baja del 3,9% respecto al mismo período del año anterior.
En abril, las mayores contracciones se dieron en las “transferencias a provincias (-53,7%)”, los “programas sociales (-37,3%)” —que no contempla a la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni a las asignaciones familiares— y la “obra pública (-15,7%)”.
En cambio, las partidas con mayores incrementos fueron el “gasto en personal (+3,1%)” y las asignaciones familiares + AUH (+3,8%)“. No obstante, en este último caso, el aumento se concentró exclusivamente en la AUH (+6,2%), dado que el gasto en asignaciones disminuyó un 0,7%.
Al analizar los recortes en el primer cuatrimestre, los subsidios económicos crecieron 38,7% en términos reales, impulsados por “energía (+112,9%)”, mientras que los destinados al transporte se redujeron un 29,4%.
El informe destaca bajas en las “transferencias a provincias (-51,7%)” y los “programas sociales (-31,6%)”, con caídas del 27,5% en “Acompañamiento Social” y “Volver al Trabajo” (exPotenciar Trabajo) y 44,3% en las Becas Progresar.
En tanto, las transferencias devengadas a las universidades nacionales se redujeron un 8% interanual real en el acumulado entre enero y abril. “Las erogaciones están en niveles similares al primer cuatrimestre de 2024 (-0,4%) y un 31,6% por debajo de 2023. Cabe señalar que, en el total anual de 2025, las transferencias se redujeron un 3,3% respecto a 2024 y un 29,3% respecto a 2023″, explicaron desde Analytica.
Recaudación, bajo la lupa de los economistas
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) precisó que la contracción en los ingresos durante el primer cuatrimestre fue del 6,7% real interanual. Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, la baja se situó en 5,3%.
Este retroceso en la recaudación obliga a la cartera conducida por Luis Caputo a profundizar la poda fiscal, con el objetivo de alcanzar la meta de superávit del 1,4% del PBI. “El superávit primario acumulado de los últimos 12 meses se ubicó en el 1,4% del PBI en marzo. Durante los meses venideros, el gasto tendría que seguir evolucionando en línea con los ingresos, de modo tal de finalizar el año con el mismo peso relativo del superávit primario”, señaló Nadin Argañaraz.
Aun así, el economista remarcó que la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una iniciativa aprobada en la Ley de Modernización Laboral, tendrá inicialmente un impacto fiscal. El nuevo esquema indemnizatorio, que se nutrirá de las contribuciones patronales, debería entrar en vigencia el 1° de junio, aunque su puesta en marcha podría prorrogarse por un plazo máximo de seis meses.
Si el Gobierno lograra reglamentar el FAL a mediados de este año, la decisión demandaría un costo de 0,18% del PBI en el segundo semestre, según estimaciones de la consultora LCG.
A esto se suma la reciente eliminación de los impuestos internos coparticipados vinculados al consumo, que representa una merma adicional de 0,01% del PBI.
Además, existen dos leyes que, por fuera de la reforma laboral, también podrían impactar en las cuentas públicas. Por un lado, la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Si bien el Gobierno logró prolongar su definición hasta que la Corte Suprema se expida, su implementación implicaría un costo estimado es de 0,23% del PBI, según cálculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por otro lado, se encuentra la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuyo peso fiscal es más elevado: entre 0,25% y 0,48% del PBI, de acuerdo a la OPC. Pese a que la Justicia dictaminó su cumplimiento, el Ejecutivo presentó en el Senado una alternativa, bajo el nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, para modificar sustancialmente la iniciativa.
