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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno planea avanzar en la eliminación de impuestos (cheque y retenciones) y, en paralelo, negociar con los gobernadores la baja de Ingresos Brutos.
“Somos el Gobierno que más impuestos ha bajado y el escenario más probable para el fin de un segundo mandato es que se hayan ido todas las retenciones, el impuesto a débitos y créditos y que las provincias bajen ingresos brutos y los intendentes tasas municipales”, afirmó en el Latam Economic Forum.
No es la primera definición del titular del Palacio de Hacienda en los últimos días. Previamente, el funcionario había confirmado que analiza un nuevo consenso fiscal con las provincias; un “pacto fiscal”.
Ingresos Brutos y las tasas municipales son los dos ejes que más preocupan al sector empresario, dadas las distorsiones que generan sobre la actividad económica.
A pesar de que la recaudación acumuló nueve meses consecutivos de caída real interanual, la gestión de Javier Milei mantiene a rajatabla su intención de aliviar la carga tributaria sobre los contribuyentes. Tal es así que, recientemente, anunció una nueva baja de retenciones para el sector agropecuario, con un costo fiscal limitado para la Nación.
Impuestos distorsivos y pacto fiscal
En primer lugar, el plan del Ejecutivo —en palabras de Caputo— implicaría eliminar los Derechos de Exportación (DEX) y el impuesto al cheque al final de un eventual segundo mandato, aunque no es menor la incidencia que ambos tienen en términos de PBI: 1,7% y 1,4% en 2025, respectivamente.
“En el plano nacional, la eliminación gradual de impuestos distorsivos como retenciones y cheque es posible si se sostiene el equilibrio fiscal. Ahí el problema no es técnico: es de caja. Son impuestos muy malos, pero recaudan mucho y son fáciles de cobrar. Por eso sólo pueden bajarse en serio si el Estado logra mantener el superávit y reemplazar esa recaudación con crecimiento, formalización y tributos menos distorsivos”, consideró Diego Fraga, socio de Expansion Business Argentina.
Pero el plano provincial y municipal es diferente. Tiene otras reglas. No está en discusión que dichos tributos son los que más encarecen la producción, las ventas y las exportaciones en Argentina.
Sin embargo, para avanzar en una baja gradual o, en el mejor de los casos, en su eliminación, se requiere un acuerdo político con gobernadores e intendentes.
“Hoy existen diferencias importantes entre jurisdicciones en materia de alícuotas, regímenes de recaudación y tratamientos diferenciales que terminan generando distorsiones y mayor complejidad para quienes operan en varias provincias. La existencia de distintos criterios según la jurisdicción genera no solo mayores costos administrativos, sino también desigualdades competitivas entre contribuyentes que realizan la misma actividad, o un mismo contribuyente con presencia en más de una jurisdicción”, graficó Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich.
Acuerdo interjurisdiccional
El antecedente más cercano es el pacto fiscal firmado en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, en el que se acordó una baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos —en un plazo de cinco años—, la desgravación progresiva de la actividad exportadora y se fijaron topes a las alícuotas, entre otros aspectos.
El problema es que no se respetaron algunos puntos del acuerdo. “En 2018 ya se empiezan a ver los primeros signos de la imposibilidad de cumplir con el acuerdo; se introducen flexibilizaciones, tales como la demora en la reducción de impuestos (Sellos, por ejemplo). Ya en 2019, ante un escenario de crisis económica y recesión, y apremiados por la falta de recaudación, se suspenden ciertos compromisos de reducción de impuestos; situación que se profundiza en 2020 frente al escenario de pandemia”, sostuvo Leonardo Favaretto, socio de Impuestos en BDO Argentina.
La experiencia demuestra que no basta con la mera adhesión de las provincias, sino que el desafío radica en el cumplimiento efectivo de las normas. Para que funcione, hace falta un compromiso federal creíble, sostenido en el tiempo y con incentivos claros.
“El compromiso político es clave y necesario para reconfigurar la estructura tributaria hacia un esquema más equitativo y menos distorsivo, disminuyendo la incidencia de impuestos regresivos sobre el consumo y la producción”, agregó Favaretto.
Bajo esta premisa, las charlas con los gobernadores aliados ya están en marcha, en el marco de negociaciones que, a priori, llevarán su tiempo. “Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal, hay que reflotar la idea del 2017. Es fundamental eliminar los impuestos extorsivos: que lo haga Nación, las provincias y los municipios”, aseguró el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la última edición de la AmCham Summit.
“Ingresos brutos es un impuesto distorsivo, vinculado a la coparticipación. Hay muchos impuestos distorsivos que hay que bajar“, reclamó en ese entonces Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.
El dilema radica en que el efecto acumulativo de Ingresos Brutos en cada etapa de la cadena productiva no solo recae sobre el precio final, sino que las distorsiones impactan directamente sobre la competitividad de las empresas, el consumo y el costo de vida.
A este esquema se suma otro aspecto clave: los regímenes de percepción y retención de Ingresos Brutos que, al fin y al cabo, terminan generando saldos a favor irrecuperables y un asfixiante costo financiero para las empresas.
Medidas impositivas
Las retenciones y el impuesto al cheque forman parte del grupo de tributos que concentran el 95% de la recaudación total. Ese universo también está integrado por Ingresos Brutos y la Tasa de Seguridad e Higiene.
El inconveniente radica en que Ingresos Brutos es la principal fuente de ingresos provinciales (en promedio, abarca el 80% de los recursos subnacionales), mientras que las tasas municipales, en algunos casos, son impuestos disfrazados de tasas: no tienen una contraprestación concreta, individualizada y efectiva.
Eliminar o reducir gradualmente estos gravámenes locales exige ordenar el gasto provincial y municipal, pero al mismo tiempo plantea la necesidad de rediseñar la Ley de Coparticipación y los incentivos fiscales.
“Si el Gobierno logra mostrar que bajar impuestos nacionales no implica desfinanciar al Estado, puede presionar políticamente a provincias y municipios para hacer lo mismo. Pero el nudo está ahí: muchos distritos hablan de competitividad, pero después financian su estructura con Ingresos Brutos, Sellos y tasas que castigan la producción”, diagnosticó Fraga.
Por su parte, Girardi consideró que un esquema provincial más coordinado y menos distorsivo “podría generar beneficios que excedan la cuestión administrativa”. En definitiva, el objetivo debería apuntar a la reducción de los costos acumulativos dentro de la cadena productiva.
