La Argentina necesita inversiones. No sólo grandes inversiones, también aquellas inversiones medianas, regionales, industriales, tecnológicas y productivas que, aun sin alcanzar escalas multimillonarias, tienen capacidad real para generar empleo, dinamizar economías locales y ampliar la matriz productiva del país.
El Gobierno nacional avanzó en la creación de distintos regímenes promocionales destinados a atraer capitales. Primero fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por la Ley 27.742, orientado principalmente a sectores estratégicos como petróleo, gas, minería, energía e infraestructura, otorgando importantes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos superiores a los 200 millones de dólares.
Posteriormente, mediante la Ley 27.802, se creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a pequeñas y medianas empresas, con incentivos relevantes para proyectos de menor escala, pero igualmente importantes para la economía real.
Más recientemente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto denominado “Super RIGI”, diseñado para inversiones superiores a los u$s 1500 millones, vinculadas a industrias tecnológicas y estratégicas que actualmente no se desarrollan en el país, como baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares o infraestructura digital avanzada.
El problema aparece en el enorme espacio que queda entre esos extremos. Porque mientras el RIGI y el SUPER-RIGI apuntan a megaproyectos y el RIMI se concentra en PyMEs, existe un universo de empresas que no encuadran en ninguno de ambos regímenes y que, sin embargo, están en condiciones de realizar inversiones significativas para la economía argentina.
Son compañías medianas o grandes que no llegan a invertir u$s 200 millones, pero que igualmente podrían desarrollar proyectos industriales, logísticos, agroindustriales, tecnológicos o manufactureros de enorme impacto regional. También son empresas que, por su dimensión, quedan excluidas de los beneficios del RIMI. En consecuencia, quedan atrapadas en un verdadero “vacío promocional”. Ese vacío importa. Y mucho.
Porque los incentivos fiscales no son un privilegio: son, muchas veces, la diferencia entre que un proyecto se concrete o quede archivado. Tanto el RIGI como el RIMI incorporan dos herramientas fiscales determinantes para mejorar la viabilidad financiera de las inversiones: la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Ambos mecanismos tienen un impacto decisivo sobre el flujo de fondos.
La devolución temprana del IVA evita que las empresas acumulen durante años créditos fiscales inmovilizados que deben financiar con capital propio o endeudamiento. En una economía con tasas elevadas, volatilidad financiera y restricciones de crédito, financiar IVA técnico acumulado puede convertirse en un costo prohibitivo que desalienta inversiones productivas.
La amortización acelerada, por su parte, permite reconocer fiscalmente las inversiones a una velocidad compatible con la realidad económica de los proyectos. Sin ella, muchas empresas terminan pagando Impuesto a las Ganancias sobre resultados meramente contables, antes de haber generado flujo de caja positivo.
En otras palabras: el Estado les cobra mucho antes de que recuperen lo invertido. Esa distorsión no es menor. En muchos casos, altera completamente la ecuación económica de un proyecto y posterga o no prosperan decisiones de inversión que podrían generar actividad y empleo. Paradójicamente, mientras se enfatiza la necesidad de promover inversiones, el sistema tributario argentino sigue castigando financieramente a quienes invierten fuera de los regímenes especiales.
La pregunta entonces es inevitable: ¿qué ocurre con quienes quieren invertir 10, 20 o 50 millones de dólares fuera de esos esquemas? La respuesta hoy es simple: quedan sin incentivos. Y allí aparece uno de los grandes desafíos pendientes de la política tributaria argentina.
Porque el desarrollo económico sostenible no se construye únicamente con megainversiones extractivas o tecnológicas concentradas en determinadas regiones. También requiere miles de inversiones medianas distribuidas en todo el territorio nacional, capaces de fortalecer cadenas de valor, incorporar tecnología, aumentar exportaciones y generar empleo privado formal.
En muchas provincias, esas inversiones “intermedias” pueden tener un impacto económico mucho más relevante que un megaproyecto aislado. Por eso, sería razonable avanzar hacia un régimen complementario que contemple beneficios fiscales básicos para proyectos que no encuadren ni en el RIGI, ni en el RIMI, ni en el eventual “Super RIGI”, pero que igualmente representen inversiones productivas relevantes.
No se trata de replicar beneficios extraordinarios ni de resignar recursos fiscales indiscriminadamente. Se trata de establecer instrumentos racionales y financieramente inteligentes que permitan mejorar la competitividad de quienes invierten.
La devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada podrían constituir el núcleo de ese esquema. Un régimen orientado, por ejemplo, a proyectos de inversión superiores a los u$s 10 millones, permitiría ampliar el mapa de inversiones productivas sin necesidad de llegar a escalas multimillonarias.
La Argentina necesita estabilidad macroeconómica. Pero también necesita un sistema tributario que deje de penalizar la inversión productiva. Porque cuando invertir se transforma en una carga financiera anticipada, el problema ya no es la falta de empresarios dispuestos a arriesgar capital. El problema es el propio diseño del sistema, ningún país crece castigando a quienes todavía están dispuestos a invertir.
Pero hay otro aspecto igual de crítico y mucho menos discutido: ningún esquema de incentivos nacionales será verdaderamente exitoso si provincias y municipios continúan neutralizando esos beneficios con impuestos distorsivos y una voracidad fiscal creciente.
De poco sirve que la Nación reduzca Ganancias, acelere amortizaciones o devuelva IVA, si luego las provincias capturan parte de esa mejora financiera mediante Ingresos Brutos, regímenes de recaudación anticipada, retenciones bancarias, percepciones, SIRCREB o saldos a favor prácticamente irrecuperables.
Y mucho menos si los municipios continúan multiplicando tasas que muchas veces funcionan como verdaderos impuestos encubiertos, desvinculados de cualquier contraprestación concreta.
La contradicción es evidente: mientras la Nación intenta atraer inversiones, numerosos fiscos provinciales y municipales siguen operando bajo una lógica puramente extractiva. En muchos casos, el inversor recibe por una ventanilla un régimen promocional y por otra una estructura tributaria provincial y municipal que le consume capital de trabajo, le inmoviliza recursos y le deteriora competitividad. La Argentina no puede pretender transformarse en un país atractivo para invertir manteniendo simultáneamente uno de los sistemas más agresivos de tributación subnacional del mundo.
Ingresos Brutos sigue siendo probablemente el impuesto más distorsivo del sistema tributario argentino. Castiga la producción en cascada, encarece costos, afecta exportaciones, desalienta formalidad y reduce competitividad. A ello se suman regímenes de percepción y retención que generan enormes saldos a favor de difícil o imposible recupero, transformando al contribuyente en acreedor forzoso y debilitado frente a administraciones fiscales que muchas veces imponen verdaderos laberintos burocráticos para devolver fondos que nunca debieron retenerse.
En paralelo, numerosas tasas municipales han dejado hace tiempo de guardar relación razonable con servicios efectivamente prestados. Bajo distintas denominaciones, muchas terminan funcionando como impuestos adicionales sobre ventas, actividad económica, publicidad, seguridad o habilitaciones.
Si el objetivo real es atraer inversiones, entonces el esfuerzo debe ser integral…La Nación sola no alcanza.
Las provincias y municipios deberían integrarse activamente a una estrategia coordinada de competitividad fiscal, comprometiéndose a no frustrar con nuevos costos o cargas distorsivas el sacrificio fiscal que realiza el Estado Nacional para incentivar proyectos productivos. Y lo más preocupante es que muchas de esas inversiones excluidas son precisamente las que podrían federalizar el crecimiento económico.
