Los severos tropiezos políticos del Gobierno en las últimas semanas, que entre otras cosas le impidieron avanzar en el Congreso con los capítulos más conflictivos del proyecto de ley sobre la propiedad privada, encendieron algunas luces amarillas en el mundo económico.
El rechazo muy extendido entre distintos sectores de la sociedad a eliminar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, más otros debates que incluyen, por ejemplo, el complejo dilema de cómo se debe afrontar el drama de las miles de familias y personas endeudadas, revelan que parece no estar tan ganada la llamada batalla cultural que el oficialismo celebraba como resuelta y sin vuelta atrás, después del resultado electoral en octubre del año pasado.
La victoria de Javier Milei en las elecciones parlamentarias hace 10 meses había entusiasmado a los mercados, mostrando una señal de respaldo al rumbo del Gobierno y sus políticas duras de ajuste, frente a la herencia recibida. El presidente había quedado empoderado por la sociedad, y lo que se esperaba era el avance de acuerdos políticos y sobre todo consenso para consolidar la transformación.
Un camino imprescindible para asegurar que los cambios serían compartidos por la mayoría de la política y de la sociedad, de modo de no repetir experiencias del pasado. Evitar que un giro en el humor social o la llegada de un nuevo elenco de Gobierno terminaran otra vez en un retroceso al estatismo, frustrando la experiencia de la libertad económica. Sin consenso, afirman los analistas locales e internacionales, las reformas nunca se van a percibir como permanentes.
El debate y la resistencia al proyecto sobre la propiedad privada en los capítulos que el Gobierno tuvo que retirar del Senado, deberán sortear ahora el trámite en Diputados. Y verificar si el enorme ruido político desatado amenaza con derramar también en otras cuestiones importantes que aguardan tratamiento en el Congreso: la reforma a la carta orgánica del Banco Central, la nueva versión de la Inocencia Fiscal para alentar el uso de los dólares no declarados, los subsidios al gas en las zonas frías fuera de la Patagonia, las desregulaciones que propone Federico Sturzenegger y generan cada vez más rechazo dentro y fuera del gobierno, por mencionar algunos casos.
Detrás de todos estos interrogantes, uno más sensible: hasta dónde finalmente están garantizados los acuerdos políticos con los gobernadores para suspender las PASO y evitar de ese modo mayores amenazas a la reelección de Javier Milei el año próximo.
Para los inversores, el problema de confirmar que la batalla cultural por la libertad de los mercados sigue en stand by en la Argentina no solamente abarca los proyectos legislativos que van en ese camino.
También afecta cada vez más la discusión sobre la política económica: si debe o no intervenir el Estado para aliviar el problema de las familias endeudadas; si conviene o no mantener el atraso cambiario y a la vez abrir cada vez más la economía; o si hay que darle casi de por vida el manejo del Banco Central al equipo de la exconsultora del titular del Palacio de Hacienda, cuando estamos a un año de las elecciones presidenciales y, sin excepción, todas las encuestas revelan que la gente se aleja del apoyo al Presidente porque la economía cotidiana no cierra.
Siguiendo el estilo del reciente exabrupto de Caputo contra los que defienden cierta protección a la industria y al empleo, daría la impresión de que hay muchos más “tarados” opinando en contra de sus determinaciones que lo que el ministro creía.
Entre los periodistas que recorren los pasillos del oficialismo, se afirma que estas inquietudes también alcanzan a las espadas políticas del Gobierno que se preguntan, como lo hicieron recientemente Patricia Bullrich o Diego Santilli, cuánto falta para que la mentada solidez de la macro llegue a la mayoría de los hogares.
Finalmente, hizo bien el funcionario en aceptar recomendaciones de allegados, No llegó al punto de pedir disculpas, pero de inmediato aclaró que nunca llamó “tarados” a los industriales, apenas insultó a los que defienden el modelo fracasado de los controles y la protección extrema contra importaciones.
El caso del rol del Estado en el problema de los millones de argentinos que están en mora con bancos y billeteras digitales es claramente un dilema complejo para el oficialismo. En principio, porque se sabe que afecta a muchas personas que votaron por Javier Milei en 2023 y 2025.
También porque al problema en la economía formal hay que sumar el mismo escenario tal vez más dramático en la informalidad: las deudas de las familias con los autoservicios, carnicerías y comercios, por no mencionar el acoso de los prestamistas en los barrios de sectores medios y bajos, que aplican intereses de usura contra las personas económicamente más golpeadas por la realidad.
Es cierto que hay un conflicto desde el punto de vista moral si el Estado tiene que hacerse cargo de esas deudas. También es cierto que esa práctica muy polémica fue casi una política de Estado muchas veces aplicada en la Argentina. Tal vez la diferencia es que en el pasado, ante las repetidas crisis terminales de la economía, se estatizaban las deudas privadas de los grandes grupos económicos.
Millones de dólares en préstamos a privados del Banco Nación o el Banade a empresarios ricos, asumidos con la inflación y la híper, por todos los argentinos, sobre todo los más pobres. Ahora, al revés, se trata de las deudas relativamente pequeñas, pero que afectan a millones de pobres o nuevos pobres.
Con el ingrediente antipático de que el “moral hazard” que argumenta el Gobierno para no intervenir, podría decirse que es un poco selectivo a la hora de analizar las decisiones oficiales. Porque en general, cuando se gobierna, siempre se afectan intereses. ¿No hay acaso un conflicto moral cuando a través del RIGI o la promoción industrial se le bajan los impuestos en forma discrecional a unos pocos, mientras la mayoría no recibe esos beneficios?
Los proyectos aprobados de blanqueo de capitales o ahora el blanqueo permanente que se ofrece a través de la inocencia fiscal, ¿no traen un conflicto moral contra los que toda la vida pagaron sus impuestos? ¿Cómo impacta en la moral la intervención exagerada en el mercado de cambios para mantener dólar barato y sostener rentas extraordinarias para los inversores financieros? Preguntas incómodas en momentos en que ya está lanzada la campaña electoral.
