Al recordar en estas horas la tragedia argentina de los 70, los 50 años del drama que llevó a la caída de María Estela Martínez de Perón y a la llegada al poder de los militares del Proceso de Reorganización Nacional, la lógica del horror acontecido explica que los recuerdos, más o menos equilibrados, pongan principalmente el foco en la violencia demencial desatada en aquellos años por los militares en la guerra sucia contra la subversión terrorista, que había atacado primero.
Se recuerda menos, o en todo caso también aparecen relatos militantes, el desastre económico que significó para el país la administración militar surgida con el golpe del 24 de marzo de 1976.
Tenía 13 años aquel día. En mi casa, como en la mayoría de las familias de clase media de la ciudad de Buenos Aires, la llegada de los militares había sido recibida con bastante alivio. Se creía que se trataba de un golpe más, como tantos que habían ocurrido. Nadie imaginó el drama político y económico que sobrevendría, con efectos nefastos hasta nuestros días.
Dos calamidades signaron a la Argentina con la llegada del Proceso: la lucha contra la guerrilla al margen de la ley con violaciones aberrantes a los derechos humanos; y los efectos devastadores que dejó en amplios sectores de la vida económica y social el plan implementado por José Alfredo Martínez de Hoz, el primer ministro de Economía del proceso militar, entre 1976 y principios de 1981.
Cincuenta años después, el paso del tiempo permite ensayar alguna explicación a la enorme frustración que resultaron los militares, también en el manejo económico. Un fenómeno distinto al verificado en las dictaduras castrenses de los 70, tanto en Chile, Brasil o el Uruguay, donde los procesos no estallaban con crisis económicas y financieras de tanto en tanto como entre nosotros.
Esto mismo me propuse hace 4 años, en el capítulo dedicado a “la tablita” de mi libro Somos nosotros, editado por Penguin Random House en 2022. Copio algunos párrafos de ese capítulo, para sumar en el recuerdo un costado de aquella tragedia argentina, con debates todavía vigentes respecto de cómo organizar la economía del país.
Porque el relato de la izquierda más o menos cool en estos 50 años y tras el regreso de la democracia en 1983, ha sido, para simplificar, que el drama del Proceso, además de los desaparecidos, fue el plan “liberal” de Martínez de Hoz: la bicicleta financiera, la tablita, la apertura a las importaciones que fundió a la industria nacional, el dólar barato y el deme dos, la extranjerización de empresas, y demás plagas del libre mercado.
Intelectuales e historiadores económicos de fuste como Juan Carlos de Pablo o Roberto Cortés Conde o Ezequiel Burgo podrán aportar mayor certeza evidencia al debate. Pero en términos generales creo que Martínez de Hoz se encontró con un fenómeno que no solo terminó destruyendo su plan para modernizar la Argentina (si es que lo tenía), sino que también arrasó con todos los ensayos económicos a favor de los mercados libres que intentaron sus sucesores.
Al menos hasta la fecha, donde hay señales alentadoras pero aún no se ha probado que el país haya corregido su ADN histórico, bien presente en el Proceso Militar del 76 al 83.
El drama de un gasto público que a la larga aumenta sin control, el gigantismo estatal que impide bajar impuestos y la absoluta irresponsabilidad de gobernar con medidas económicas artificiales, demagógicas, para sostenerse como sea en el poder hasta el final, y que la cuenta la pague el que sigue. En la economía, como en la guerra sucia, “el fin justifica los medios”.
Hay elementos de aquellos años muy presentes en los debates actuales. Martínez de Hoz y su equipo se inspiraban en la promesa de modernizar la economía. Recuerda el historiador Juan Carlos Romero en su libro Breve historia contemporánea de la Argentina que traían el relato de la escuela de Chicago, dispuestos a cambiar la cultura estatista muy arraigada en el país, con el Estado presente protector y organizador de una economía dirigista.
Los intereses corporativos, la puja distributiva y la justicia social eran observados como factores de desorden de la sociedad. Se intervinieron los sindicatos, se prohibieron las huelgas y los salarios perdían contra la inflación que venía lanzada desde el “Rodrigazo” de 1975. La libertad de mercados para asignar los recursos y el premio a la eficiencia eran los nuevos valores. Todo un aparato de propaganda oficial respaldaba la idea de promover la libre competencia y la apertura importadora para beneficiar a los consumidores.
El gran problema, que por años y años sumió en un gigantesco malentendido al debate histórico sobre la economía del Proceso, es que como tantas veces ocurrió en la historia argentina, el relato económico no tenía que ver con la realidad, que en verdad resultó bastante opuesta.
Fue mucho menos liberal que lo que se ha consignado la gestión de Martínez de Hoz, y por cierto mucho más estatista que lo que ha sido presentado en el recuerdo popular. Todo el supuesto país liberal y sin Estado opresor que promovía supuestamente Martínez de Hoz, y algunas de sus medidas pro mercado terminaron chocando contra las ideas de un Estado fuerte, rico y potente, que fue históricamene la idea que siempre han tenido en la Argentina la mayoría de los mandos militares.
No cabe duda de que el partido militar y sus integrantes han sido los grandes estatistas de la historia. De Julio Argentino Roca a Juan Domingo Perón, pasando por Juan Carlos Ongañía o Leopoldo Galtieri.
La realidad es que Martínez de Hoz nunca pudo ni achicar el Estadio ni mucho menos reducir el gasto público. Aceptó que volara el gasto público y el déficit fiscal, sobre todo por el impresionante gasto militar para la aventura de la guerra con Chile por el canal de Beagle.
Jamás pudo privatizar una empresa. Al revés, lo primero que hizo al asumir fue estatizar la única empresa de servicios públicos privada que funcionaba en la Argentina, la compañía Italo, que distribuía electricidad en parte de la ciudad de Buenos Aires. Toda la deuda de esa empresa la asumió el Estado a través de Segba (hoy Edenor, Edesur y Edelap), lo que dejó enormes sospechas de corrupción.
Está claro que Martínez de Hoz de ninguna manera fue una víctima del estatismo militar. Fue cómplice, y terminó cocinándose él y buna parte del país en su propia salsa. Porque los problemas económicos comenzaron enseguida, a menos de un año del golpe, también por la debacle que había dejado como tantas otras veces el peronismo.
Las presiones militares para agrandar el tamaño y el peso de las empresas estatales derivaron en una creciente inflación y endeudamiento para financiar los gastos cada vez mayores del Estado. Las intervenciones militares en YPF, Somisa, Aerolíneas, Ferrocarriles fueron ampliamente deficitarias. El gasto militar aumentaba en forma exponencial.
Se usaba a YPF como garantía para tomar crédito en el exterior, que terminaba financiando el creciente desequilibrio. No existían los sistemas de control que rigen hoy para cobrar impuestos que solo pagaban las multinacionales y las grandes empresas. Se mantenía el control del comercio exterior con puertos estatales, ELMA y la Junta Nacional de Granos que los militares nunca permitieron privatizar.
El principio del fin comenzó a gestarse en diciembre de 1978. Ante la imposibilidad de bajar el déficit y la emisión sin respaldo, para luchar contra la suba de los precios se dispuso una fuerte baja de aranceles a las importaciones.
Y al mismo tiempo se estableció un régimen cambiario con un sistema de devaluaciones descendentes programadas con anticipación: la famosa tablita. Pero como el gasto público y la emisión no paraban de subir, también la inflación se agudizaba y atrasaba cada vez más al tipo de cambio que estaba casi fijo.
A la vez, la reforma financiera de 1977 había incorporado un germen muy estatista y muy poco liberal que con el tiempo resultó letal: tasas libres con garantía estatal sin límite para los depósitos. Mercado Libre, pero con garantía estatal. Así, con la inflación en alza, las tasas en pesos crecían exponencialmente, mientras el dólar seguía clavado por la tablita y abarataba al máximo las importaciones.
Se consolidó la llamada patria financiera, que en verdad había nacido al final del gobierno de Isabel Perón en el “Rodrigazo”, con la inolvidable aparición de los Valores Nacionales Ajustables. La Bolsa era una fiesta: compraban los VANA por la mañana, los caucionaban a la tarde para obtener más dinero, y con eso volvían a comprar esperando al día siguiente la explosión de los precios por la inflación desatada que nunca antes había visto el país.
El combo del atraso cambiario, tasas de interés por encima de la inflación y apertura económica extrema resultó una combinación explosiva para productores e industriales locales. El desempleo y los quebrantos se multiplicaban.
Como las empresas no podían pagar sus deudas a los bancos, las entidades salían al mercado a pagar cualquier tasa por los plazos fijos. Total había garantía estatal de depósitos. Se facilitaban los desfalcos bancarios, con empresarios que se auto otorgaban préstamos para fugarse con el dinero de los depositantes.
Dos años después del inicio de la tablita, el sistema voló por el aire. Cayó el principal banco privado minorista, el Banco de Intercambio Regional (BIR) dejando un tendal de 150 mil ahorristas que perdieron su dinero. Comenzó una sucesión de corridas cambiarias que terminaron con el gobierno del primer presidente del Proceso, Jorge Videla y su ministro de Economía.
El saldo fue dramático. La deuda pública en dólares se quintuplicó, entre otras cosas porque el bendito Estado, con los militares en el poder, estatizó las deudas en dólares del sector privado y lo pasó a deuda pública externa. Curioso mecanismo que 20 años después también se repitió con la pesificación asimétrica, pero esta vez sin militares, con demócratas en el poder como Eduardo Duhalde y Jorge Remes Lenicov.
El Joe, como lo llamaban a Martínez de Hoz en la City, ocupa una página negra en la historia y la memoria de los argentinos. Imperdonable en la complicidad con los militares, responsable también de haber malversado las ideas de la libertad de comercio, el Estado eficiente y el equilibrio fiscal para organizar la economía del país.
Después de aquella fallida experiencia y algunas otras que se intentaron con mejor suerte, Javier Milei tiene también otro desafío. Mostrar que su modelo de país no está amenazado por aquellas severas contradicciones del Proceso, del partido militar, donde no conjugan bien las ideas de la libertad con el autoritarismo, la intolerancia o la borrachera por mantenerse en el poder a toda costa, haciendo volar por el aire el Presupuesto.
