La media sanción de la reforma laboral en el Senado confirmó que la fórmula para la gobernabilidad en la segunda parte del gobierno de Javier Milei es el acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Este es el ámbito de la negociación política central que se confirmó en la primera decisión del Congreso respecto a un proyecto enviado por el Ejecutivo. El Gobierno parece haber entendido la nueva situación política que será necesaria para gobernar en la segunda parte del mandato.
Hay que “negociar” con la clase política, pero quizás no con la “vieja”. Los gobernadores son los nuevos protagonistas. Estos muestran una renovación importante. Gobernadores como Marcelo Orrego de San Juan, Gustavo Sáenz de Salta o Ignacio Torres de Chubut son figuras nuevas en el panorama nacional.
Sus orígenes políticos son diversos. Algunos vienen del peronismo, como el de Salta; otros tienen un difuso origen en el PRO, pero hoy pueden ser calificados de independientes. Además, son caras nuevas en la política nacional.
Esta aparición de nuevos protagonistas en la negociación política nacional a través de los gobernadores, está delineando también una transición de poder geopolítica. Un gobernador como Sáenz representa el norte del país, donde nuevas producciones como el litio crean grandes perspectivas de crecimiento.
En el caso de San Juan, es la provincia que puede llegar a producir el récord de cobre y oro en un momento en que el precio internacional de estos metales llega a su máximo en las últimas décadas. La provincia de Chubut, por su parte, tendría las reservas de uranio y tierras raras más grandes del país.
Acuerdos sobre estos temas han sido fundamentales en las últimas semanas en la relación bilateral con Estados Unidos. Es decir, va en paralelo la importancia política de las provincias que antes eran consideradas de menor relevancia, con la que han adquirido ahora, y en esto la transformación productiva del país está jugando un rol importante.
La reforma laboral mostró un tipo de relación parlamentaria muy diferente a la de los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. La negociación ahora no sólo fue con los gobernadores, sino que además lo fue con ellos en conjunto.
Los mandatarios provinciales plantearon sus necesidades e intereses y establecieron relaciones particulares con el poder nacional, en temas como obra pública y deudas. Eso no impide que existan puntos de convergencia nacional entre los mandatarios provinciales, como fue el aspecto de la reforma laboral vinculado a la faz impositiva.
Esta situación es consecuencia de la aplicación plena de la Constitución Nacional, algo que hace décadas no sucedía. El poder nacional desde la Casa Rosada y el bonaerense desde La Plata implicaban una acumulación de poder frente a la cual los gobernadores perdían espacio y poder político. En realidad se veían obligados a acompañar las decisiones nacionales que se tomaban en dichos ámbitos.
Esta transformación ha tenido dos claves. Una es económica, que es la provincialización del subsuelo a partir de la reforma constitucional de 1994, que le permitió a las provincias ser dueñas de sus recursos naturales. Es, quizás, la transformación más importante para las provincias -junto con una nueva ley de coparticipación- que requieren los distritos para consolidar su poder, y probablemente irán en esta dirección.
En cuanto al gobierno nacional, ha visto que el pragmatismo suele terminar siendo más eficaz que el dogmatismo para alcanzar los objetivos políticos. Parece una norma de conducta normal en la política occidental, representada por Maquiavelo y tan denostada por Milei. Pero estos cinco siglos de hacer política siguen todavía vigentes.
El Gobierno parece haber aprendido que en política suele ser mejor obtener algo que nada. Si la ley no hubiese obtenido media sanción, la señal del gobierno argentino hacia los mercados habría sido negativa: el triunfo electoral no se tradujo en las decisiones políticas. En cambio, el resultado ahora es el contrario.
Pero un error producido por el propio oficialismo en el artículo referido a las licencias puso en crisis la media sanción que debía ser por Diputados, donde la Casa Rosada tiene una alianza con los legisladores que responden a Milei.
Las negociaciones se realizaron a ritmo frenético. Estaban los que querían que el tema se resolviera con un simple acuerdo para que, una vez que el mismo proyecto fuera aprobado en diputados, en la reglamentación se incluyera la modificación requerida para el acuerdo. Del otro lado, estaban los que querían que el proyecto volviera al Senado nuevamente.
En este marco, los legisladores justicialistas que enfrentaban descisiones crecientes encontraron un punto de referencia. Lo mismo sucedió con el sindicalismo. Para unificarse frente a la reforma laboral, se unificó detrás del paro general, los moderados sin movilizarse, los combativos sí y los gremios del transporte se sumaron.
Hay quienes en el oficialismo vieron casi como una derrota que los proyectos de reforma laboral de régimen penal no tengan sanción definitiva antes del último día cuando vencen las sesiones extraordinarias. Deben asumir que semana a semana no cambia un proyecto, pero también que hay que evitar auto limitarse con fechas precisas.
