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A comienzos de julio, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un extenso paquete fiscal que, entre otras medidas, incorpora una disposición inédita: un impuesto sobre ciertos envíos de dinero al exterior, mejor conocidos como remesas.
La disposición ya fue firmada por el presidente Donald Trump, incluida en la polémica ley ‘One Big Beautiful Bill'. De esta manera, se pone en marcha un cambio fiscal que afectará a quienes cada mes envían remesas a sus familiares en América latina y otras regiones.
La idea no es nueva, esta iniciativa se propuso años anteriores, y la versión final del paquete cambió varias veces su letra. Lo que comenzó como una propuesta con porcentajes más altos terminó en un gravamen más reducido en la redacción aprobada, y con diferencias importantes respecto a quién y cómo se aplica.
¿De cuánto será el impuesto a las remesas?
Los borradores anteriores de la legislación pedían gravar todas las remesas entre un 5% y un 3,5%, aunque en su redacción final se redujo ese impuesto al 1% sobre las remesas cuando se realicen en efectivo. En la práctica, eso significa que por cada USD 100 enviados, el receptor perdería USD 1 adicional por el impuesto, aparte de las comisiones del proveedor.
Para las familias que reciben remesas mensuales, el impacto se acumula y puede reducir poder de compra en países donde esos ingresos sostienen el gasto básico del hogar.
¿Dónde se aplica el impuesto de la administración Trump?
Según informó la plataforma de servicios financieros Wise, el impuesto impulsado por la administración Trump sobre las remesas no se limita a las transferencias en efectivo, sino que también alcanza a:
- Giros postales.
- Cheques de caja.
No obstante, la ley establece que este nuevo arancel solo se aplicará a los pagos iniciados mediante un instrumento físico a través de un proveedor de remesas, tal como lo determine el Departamento del Tesoro. En otras palabras, no afectará a las transferencias de dinero retiradas de una cuenta bancaria en los Estados Unidos ni a aquellas financiadas con una tarjeta emitida en el país.
Los cambios en la nueva disposición estadounidense
El gravamen quedó fijado en el 1% tras varias rondas de negociación entre la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense. Después de múltiples modificaciones, finalmente se estableció que el impuesto entrará en vigor para las transferencias realizadas a partir del 1 de enero de 2026.
A diferencia de las versiones anteriores, la redacción final aplica el cargo a las operaciones sin distinción de ciudadanía: deberán pagarlo quienes utilicen los métodos gravados, sean ciudadanos, residentes o migrantes.
Por ahora, las plataformas digitales y las transferencias bancarias electrónicas quedan excluidas siempre que no impliquen entrega de efectivo. Sin embargo, la administración fiscal deberá publicar las normas que definirán los detalles operativos.