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En el horizonte fiscal de Colombia se asoma una decisión decisiva, y el ambiente no es el más tranquilo. El gobierno de Colombia ha llevado al Congreso una propuesta que abre varias interrogantes. Se busca llenar un vacío financiero con una cifra que resuena: 26,3 billones de pesos en impuestos.
Esta reforma tributaria ha desatado expectativas y suspicacias a partes iguales. La duda persiste: ¿quiénes terminarán asumiendo estos nuevos impuestos? Entre comentarios oficiales y silencios estratégicos, el contexto fiscal del país se ubica en una tensión creciente.
Reforma tributaria de 26,3 billones: quién paga más impuestos
El proyecto del gobierno de Colombia propone recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, que está desfinanciado. La iniciativa abarca cambios sustanciales en renta, patrimonio, IVA, consumo y otros tributos, con impacto tanto en personas naturales como empresas. Destacan aumentos en la tarifa del IVA para juegos en línea, plataformas digitales, iglesias, combustibles y licor.
También se propone modificar impuestos sobre renta, patrimonio y ganancias ocasionales, lo que busca que quienes más tienen, más paguen. En términos progresivos, se espera que la reforma tributaria de 26,3 billones reduzca los beneficios tributarios regresivos y amplíe la base contributiva. Sin embargo, sectores como el financiero, extractivo y de combustibles enfrentarían mayores cargas fiscales.
Gobierno de Colombia y reforma tributaria: objetivos y respuestas
El gobierno de Colombia defiende que la reforma tributaria no golpea a los pobres, sino que está dirigida a los contribuyentes con mayor capacidad de ahorro. El presidente Gustavo Petro explicó que los impuestos en dividendos, herencias, fusiones y combustibles buscan justicia fiscal. La presentación se dio en un entorno donde el déficit fiscal y el deterioro financiero han sido palpables.
Se activó la cláusula de escape de la regla fiscal y se suspendió temporalmente su cumplimiento, lo que remarca la urgencia de la reforma tributaria. No obstante, la reacción en el Congreso no ha sido favorable. Parlamentarios de la oposición han criticado la medida como una dictadura tributaria , señalando que aumenta sin solución a la crisis fiscal.