El acuerdo para la adquisición de los aviones Gripen entre Colombia y Suecia ha retomado el interés internacional. Una denuncia presentada ante las autoridades de Estados Unidos genera numerosas dudas acerca del proceso, de los actores involucrados y de los posibles beneficiarios. Aunque la denuncia no es nueva, su relevancia se ve amplificada por la naturaleza del contrato y por las personalidades implicadas.

El documento fue presentado por el académico Juan Carlos Portilla, un especialista en regulación anticorrupción, quien ha solicitado al Departamento de Justicia de EE.UU. que considere la necesidad de una investigación formal. Si bien el señalamiento no establece culpabilidades, sí reivindica una revisión exhaustiva basada en información pública y en movimientos que, según el denunciante, requieren atención analítica.

Por otro lado, el acuerdo firmado en 2025 procede dentro de los plazos establecidos, aunque con un escrutinio creciente. Portilla argumenta que ciertos aspectos del procedimiento podrían haber beneficiado a terceros, demandando que las autoridades estadounidenses indaguen sobre posibles vínculos con empresas de jurisdicción norteamericana.

Denuncia en Estados Unidos contra el contrato Gripen

La denuncia se dirige a la unidad especializada en soborno transnacional del Departamento de Justicia, una oficina que aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Según Portilla, ciertos indicios divulgados por medios de comunicación justifican una revisión del contrato Gripen, valorado en billones de pesos y firmado entre Colombia y Suecia.

El académico solicitó que se examinen registros, comunicaciones y acuerdos entre las partes involucradas. También pidió coordinación con autoridades suecas, organismos de control europeos y entidades colombianas para obtener datos financieros y societarios que permitan reconstruir el origen y destino de los recursos.

En su comunicación, Portilla recordó antecedentes previos: un contrato similar entre Brasil y la misma filial de Saab terminó siendo examinado por el Departamento de Justicia en 2024. Ese precedente, afirma, demuestra que existe competencia estadounidense cuando hay participación de empresas bajo su jurisdicción.

Quiénes son los funcionarios y las claves del acuerdo Gripen

El denunciante solicitó la revisión de libros contables, contratos, agentes intermedios y eventuales beneficiarios finales con el fin de verificar si el acuerdo establecido entre Colombia y Suecia se ejecutó con total transparencia. Además, hizo un llamado a la consulta de bases de datos pertenecientes al Departamento del Tesoro y de OFAC, considerando que existen antecedentes de procedimientos similares.

Respecto a la denuncia presentada, se encuentra en marcha el proceso institucional correspondiente. Esta situación no constituye una acusación definitiva, sino más bien una petición formal para que Estados Unidos determine la viabilidad de iniciar una investigación acerca del contrato Gripen, un negocio que tiene un significativo impacto en la Fuerza Aérea Colombiana y que cuenta con participación internacional, lo cual podría activar múltiples jurisdicciones.

Entre los puntos mencionados en la denuncia se incluye el estilo de vida que supuestamente habría llevado en Suecia Verónica Alcocer, expareja del presidente Gustavo Petro. Portilla sugiere que se examine si las estancias y gastos de Alcocer coinciden con el calendario del acuerdo Gripen, aunque enfatiza que tal coincidencia debe ser verificada a través de una investigación adecuada, en lugar de ser asumida como un hecho.