En esta noticia
- ¿Qué contratos de Invías en La Guajira pidió frenar De la Espriella?
- ¿Por qué el equipo de empalme cuestiona los contratos por $3,2 billones?
- ¿Qué respondió el Ministerio de Transporte sobre los contratos de Invías?
- ¿Los proyectos fueron adjudicados mediante licitación pública?
- ¿Qué pasará con las obras de vías terciarias en La Guajira?
La controversia por los contratos de infraestructura vial en La Guajira escaló este domingo luego de que el equipo de empalme de Abelardo De la Espriella solicitara al Gobierno saliente abstenerse de firmar 16 contratos de Invías por cerca de $3,2 billones, mientras que el Ministerio de Transporte aseguró que los procesos cumplen con todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros.
El pronunciamiento se produjo a pocos días de la posesión presidencial y abrió un nuevo pulso entre la administración entrante y el Gobierno saliente por el manejo de recursos públicos y las vigencias futuras comprometidas hasta 2035.
Según el documento divulgado por el equipo de empalme, los contratos corresponden a 10 obras y seis interventorías para vías terciarias en municipios como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure. La nueva administración considera que decisiones de esa magnitud deberían ser revisadas antes de su firma definitiva.
¿Qué contratos de Invías en La Guajira pidió frenar De la Espriella?
La solicitud del gobierno entrante se concentra en proyectos viales adjudicados recientemente por Invías. De acuerdo con la información entregada por el equipo de empalme:
- Siete contratos corresponden a obras en Uribia por cerca de $2 billones.
- Tres contratos para Riohacha, Maicao y Manaure suman aproximadamente $1,1 billones.
- Las seis interventorías tendrían un valor cercano a $204.000 millones.
El argumento central es que estos compromisos presupuestales se extenderían mediante vigencias futuras hasta 2035, lo que condicionaría la capacidad de maniobra fiscal del próximo Gobierno.
¿Por qué el equipo de empalme cuestiona los contratos por $3,2 billones?
El equipo de De la Espriella sostiene que, estando tan próximo el cambio de mando, el Gobierno saliente debería concentrarse en garantizar una transición ordenada y transparente.
Además, anunció que una vez asuma funciones realizará una revisión técnica, jurídica y financiera de cada proceso, incluyendo la estructuración de los lotes, la participación de los consorcios adjudicatarios y el nivel de competencia entre oferentes.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respaldó públicamente la petición y afirmó que la preocupación no se dirige contra las vías terciarias para las comunidades rurales, sino contra el momento en que fueron adjudicadas, el 27 de julio.
¿Qué respondió el Ministerio de Transporte sobre los contratos de Invías?
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, rechazó los cuestionamientos y aseguró que las adjudicaciones hacen parte de una planeación iniciada desde finales de 2025.
La funcionaria indicó que los contratos cuentan con respaldo jurídico, técnico y financiero y fueron estructurados conforme a la Ley de Contratación Pública, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las demás normas aplicables.
Rojas también explicó que el uso de vigencias futuras es un mecanismo habitual en proyectos de infraestructura y recordó que se emplea de manera frecuente en concesiones viales y otras obras de largo plazo.
¿Los proyectos fueron adjudicados mediante licitación pública?
Sí. El Ministerio de Transporte afirmó que los proyectos fueron adjudicados mediante una licitación pública en la que participaron empresas que acreditaron los requisitos exigidos por la ley.
La cartera agregó que las obras responden a compromisos adquiridos con las comunidades de La Guajira y al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y poblaciones vulnerables del departamento.
¿Qué pasará con las obras de vías terciarias en La Guajira?
Por ahora, los contratos siguen en el centro del debate político y administrativo. El gobierno entrante ha insistido en que realizará una revisión integral desde el primer día de gestión.
De acuerdo con lo anunciado por el equipo de empalme, las obras que demuestren solidez técnica, viabilidad financiera y beneficio para las comunidades tendrían continuidad. En caso de encontrarse irregularidades, se adoptarían las medidas administrativas y legales correspondientes.
