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La reciente captura de 11 personas señaladas de participar en actos violentos en Bogotá abrió un fuerte choque político entre la Alcaldía y un grupo de congresistas del Pacto Histórico que solicitó su liberación. El alcalde Carlos Fernando Galán respondió de forma directa y sostuvo que se trata de hechos que deben ser judicializados con rigor.
El mandatario distrital subrayó que la investigación no es improvisada ni responde a motivaciones políticas, sino a un proceso prolongado liderado por las autoridades. En declaraciones a La FM, Galán insistió en que el país debe avanzar en sancionar este tipo de conductas: “A mí sí me parece que este país tiene que avanzar en judicializar hechos de violencia como estos”, afirmó.
El origen de la investigación y las capturas
De acuerdo con el alcalde, el proceso judicial se remonta a los disturbios ocurridos en 2023, cuando un integrante de la UNDMO fue gravemente herido por una papa bomba durante enfrentamientos en la ciudad. Galán reveló que, como consecuencia de ese ataque, el uniformado quedó en condición crítica: “Desde ese momento este policía quedó en estado vegetativo”, declaró.
Ese hecho permitió identificar inicialmente a dos responsables, mientras otros implicados permanecieron ocultos por varios meses. Con el tiempo, reaparecieron y fueron vinculados a nuevos episodios de violencia, lo que dio paso a una investigación más amplia que, tras casi dos años, derivó en la captura de las 11 personas señaladas.
Críticas a la solicitud de liberación de congresistas
Frente a la carta firmada por 31 congresistas que pidieron dejar en libertad a los detenidos, Galán aseguró que quienes respaldaron esa solicitud no conocen a fondo el expediente judicial. “Estos congresistas no tienen la información de lo que ha sido esta investigación”, señaló, al advertir que las pruebas muestran acciones deliberadas contra ciudadanos, bienes públicos y servidores del Estado.
El alcalde también mencionó que recibió una comunicación directa de la senadora Clara López, quien se desmarcó del documento. “Ella me dijo, yo no firmé esa comunicación”, relató Galán, y agregó que lo esperable es que, al conocer los detalles del caso, los congresistas respalden las decisiones de la justicia.
Financiación, violencia y pruebas en el expediente
Uno de los puntos más sensibles expuestos por el mandatario es la posible financiación externa de los detenidos. Según explicó, existen indicios de apoyo económico proveniente de otras ciudades, especialmente Medellín, y de actividades de promoción de un movimiento radical en entornos universitarios. “Reciben plata para poder hacer esas actividades de violencia”, afirmó.
Galán recalcó que no se trata de protestas sociales, sino de hechos violentos planificados. “Nadie puede criminalizar la protesta pacífica. Pero esto no es protesta, eso no tiene nada que ver con protesta”, dijo, al destacar que el expediente incluye videos de ataques con bombas incendiarias, incluso contra buses de TransMilenio. “Si eso llega a explotar adentro del bus, hay una tragedia”, advirtió, y concluyó que espera condenas rápidas para los responsables.
