Ron DeSantis impulsa la pena de muerte a inmigrantes indocumentados: será automática y obligatoria
El gobernador de Florida avanza con un proyecto de ley para castigar con pena de muerte a los extranjeros sin permisos que sean condenados a delitos capitales.
Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, busca imponer un proyecto de ley para que todos los inmigrantes indocumentados que sean condenados por delitos capitales sufran la pena de muerte.
La propuesta, alcanzada tras un acuerdo con legisladores republicanos, busca implementar la pena de muerte automática y obligatoria en extranjeros sin permisos, pasando por alto las individualidades de cada caso en el proceso.
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Cuáles son los delitos considerados capitales en Florida
Los delitos capitales son aquellos que pueden ser juzgados con la pena de muerte. En el Estado del Sol son:
- Asesinato en primer grado: homicidio premeditado o asesinato acompañado de un delito grave como un robo o secuestro.
- Violación infantil: la ley juzga como infantil al delito cometido hacia menores de 12 años.
Por otro lado, hay otros crímenes agravados que pueden derivar en la pena de muerte como robo a mano armada, secuestro, incendio provocado y tráfico de drogas.
Cabe destacar que el crimen solo puede ser juzgado con la pena máxima siempre y cuando ocasione la muerte de una persona.
El motivo por el que los inmigrantes podrían ser condenados con pena de muerte
En esta política antiinmigrante se eliminaría la participación de un jurado en la deliberación de la pena. No se tendrían en cuenta factores atenuantes o agravantes dentro del proceso, en caso de que el juzgado sea inmigrante indocumentado.
Sin embargo, los principios constitucionales que exigen un proceso judicial individualizado y una sentencia basada en circunstancias excepcionales de cada caso se estarían poniendo en jaque.
La avalancha de Trump en las políticas anti migratorias
Este proyecto de DeSantis es parte de la ola de Trump en su afán por exiliar a más de 13 millones de inmigrantes. En esta ola de decretos y decisiones surfean políticas como la eliminación de toda protección legal a indocumentados, el cierre de refugios o las redadas de agentes de ICE.
Además, este nuevo proyecto de ley busca convertir la permanencia en el Estado sin permisos legales de mayores de 18 años en un delito menor, con pena de nueve años de cárcel.
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