LO HACE EN UN DOCUMENTO DISTRIBUIDO ENTRE EMPRESAS ESPAÑOLAS CON NEGOCIOS EN EL PA S

Repsol asegura que el gobierno argentino practica una ilegalidad sin precedentes

A seis meses de la confiscación de sus acciones en YPF, el grupo español también acusa al kirchnerismo de intervencionista y de reducir la libertad de empresa

Han pasado ya más de 100 días desde que el gobierno argentino acometió contra Repsol la mal denominada expropiación de YPF. Desde entonces, han seguido sucediéndose muchos acontecimientos, comienza un trabajo elaborado por la petrolera española bajo el título de Apuntes de Repsol tras la expropiación de YPF. Se trata de un informe de 11 páginas enviado por Repsol a las compañías españolas con negocios en la Argentina. ¿El objetivo?. Dar su versión sobre la expropiación y, de paso, criticar el actual contexto económico del país y la nueva política de hidrocarburos lanzada por el Gobierno y que está a cargo del viceministro de Economía, Axel Kicillof.

La presentación se conoce a pocas semanas de las declaraciones de Antonio Brufau, CEO de Repsol, sobre una eventual demanda contra la Argentina ante el Ciadi si no acuerda una solución a la expropiación del 51% de sus acciones en YPF.

En el informe, defiende lo hecho en YPF; cuestiona el plan de inversiones en el sector lanzado por el Gobierno; ataca la intervención oficial en la economía, y critica la evolución de las reservas y producción de crudo. Está firmado por Antonio Gomiz Sáez, ex vicepresidente Ejecutivo de YPF por Repsol, e Iñigo Alonso de Noriega Satrústegui, director de Asuntos de Gobierno Corporativo de Repsol. Y no será el único. Repsol aclara que enviará más boletines de manera periódica.

Bajo el subtítulo de una ilegalidad sin precedentes, Repsol califica a la confiscación de sus acciones en YPF como una medida que por su magnitud, ilegalidad, gravedad y arbitrariedad no tiene parangón en la moderna industria petrolera internacional. Y pone a la Argentina como un grave ejemplo de inseguridad jurídica. Sostiene que la petrolera fue víctima de un hostigamiento y de una campaña concertada impulsada por las autoridades nacionales y provinciales con el propósito de crear un clima social y político propicio para poner en marcha una expropiación, decidida de antemano, y pretender reducir su costo mediante el hundimiento de su cotización.

Señala que la avalancha de declaraciones críticas sobre YPF fueron efectuadas por los mismos funcionarios que hasta tiempos muy recientes se referían a su gestión en términos muy elogiosos.

En esta campaña incluye la caducidad de concesiones de explotación en varias provincias y la posterior reversión de estas caducidades, tras la expropiación y sin que hubieran cambiado las condiciones. Como ejemplo, señala al gobierno de Chubut por haberse congratulado de la caída de la cotización de las acciones de YPF.

Agrega que la expropiación carece de una verdadera causa de utilidad pública, se basa en afirmaciones incorrectas, vulnera la garantía constitucional de igualdad y no discriminación (art. 16 de la Constitución).

Repsol hace un repaso sobre la doctrina legal y administrativa referida a un proceso de intervención pública a una compañía privada. Y remite a informes en contra emitidos por la Procuración del Tesoro de la Nación, entre otros organismos. Esta intervención también vulneró la exigencia legal y constitucional de la indemnización previa a la desposesión y la garantía constitucional del derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución), agrega.

También recuerda Repsol que Argentina ha incumplido el compromiso que formuló en la privatización de YPF de lanzar una OPA sobre todas sus acciones en caso de volver a tomar el control de la compañía.

Por estos motivos, advierte que la manifiesta ilegalidad de las medidas adoptadas son una señal clara de la inseguridad jurídica existente a fecha de hoy en Argentina.

El trabajo concluye recordando que tras seis meses desde la confiscación, los mercados siguen penalizando a Repsol.

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