El Frente Amplio, el PIT-CNT y organizaciones sociales convocaron para hoy marchas en rechazo al fallo de la SCJ, hecho que también suscita controversias.


Una decisión firme de la Suprema Corte de Justicia, ¿va a ser rechaza en la calle? Eso tiene vicio de configurar un atentado contra la Constitución, afirmó el diputado nacionalista José Carlos Carodoso, respecto de la marcha, y solicitó al presidente del directorio, Luis Alberto Heber, convocar, también para hoy, una reunión de directorio para analizar si la movilización es constitucional.


La decisión de la SCJ alzó las discusiones más allá de las fronteras. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer, a través de un comunicado: Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos.


La sentencia de la Corte responde a un recurso presentado por coroneles indagados por la Justicia. Como la inconstitucionalidad se atiende caso por caso, el efecto hasta ahora solo alcanza a ellos. Sin embargo, esperan a ser considerados en la SCJ otros cinco o seis escritos. Dos de ellos, según dijo a El Observador la abogada y asesora legal del Centro Militar, Graciela Figueredo, refieren a casos de exmilitares presos por delitos cometidos en dictadura.


Se trata del coronel Tranquilino Machado, procesado con prisión en junio de 2011 y el expolicía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012.


La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, dijo que la decisión de llevar o no a juicio político a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá ser de todo el Frente Amplio, y no sólo de su sector. El viernes, el MPP manejó la posibilidad del juicio político luego del fallo que declaró inconstitucional la ley interpretativa que anuló la Ley de Caducidad (lo que termina protegiendo a presuntos violadores de los derechos humanos en la última dictadura militar en el país). Otro factor de disgusto para el MPP fue el desplazamiento a la esfera civil de la jueza Mariana Mota, que llevaba adelante varias de las causas por violación a los derechos humanos durante la dictadura.


La primera senadora, y esposa del Presidente José Mujica, indicó que la posibilidad del juicio político tiene su base en la no respuesta al pedido de informes del Parlamento, y no al fondo del fallo del viernes. Si no contesta, hay que discutir si eso dispara el mecanismo de juicio político, reflexionó y agregó que si la explicación es razonable y se ajusta a las normas, no hay nada que hacer. La senadora aseguró que su posición es de apoyo al poder judicial.