Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), encargada especialmente por el canciller Luis Almagro, detectó que de algunas acciones en Buenos Aires, en medio de las negociaciones por el dragado del canal Martín García, pueden desprenderse consecuencias penales.
Según explicaron a El Observador fuentes oficiales, la referencia es clara al ofrecimiento de una coima al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo. El organismo no hará acciones ante la Justicia ya que el hecho presuntamente ilegal ocurrió en Argentina. El informe fue entregado a la Cancillería y ayer Almagro tenía previsto comentárselo a José Mujica. La Cancillería no envió a los miembros del TCR las actas donde se detalla el confuso caso de un intento de coima ocurrido en ese organismo. El ministerio de Relaciones Exteriores ya había intentado fraguar la realidad cuando obligó a Bustillo a desmentir que el año pasado, durante una reunión con un exdiplomático argentino y con un vocero de la firma Riovia (que draga el canal Martín García), se le había ofrecido una coima de u$s 1 millón para que jugara a favor de esa empresa. En medio del trabajo de los auditores, la Cancillería le informó que había caratulado de confidencial el tramo de los documentos referentes al hecho. Por ello, los dos auditores del TCR tuvieron que ir a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores a mirar esas actas y a tomar nota. Los auditores del TCR constataron que entre las actas de la CARP figura una carta firmada por Bustillo en la que el diplomático cuenta que se le había ofrecido una atención para beneficiar a Riovia.
