Conseguir inversiones productivas que generen empleo formal de calidad no es un capricho. Es una necesidad imperiosa para que la Argentina tenga un futuro sustentable. Hoy de cada 100 habitantes, solo 16 tienen un trabajo en blanco. El porcentaje sube a 25 en la Ciudad de Buenos Aires y es de menos de 10% en el noreste. Este dato se complementa con otro factor: en la mayoría de las provincias hay más empleados públicos que privados (con las excepciones de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), lo que marca el cuál es el desafío más grande a resolver para alcanzar ese objetivo: quebrar la enorme dependencia que la economía tiene hoy del sector público.
En los últimos doce años, el peso del Estado se duplicó: hoy representa 46% del PBI, para lo cual fue necesario llevar la presión tributaria a un nivel récord para poder financiar semejante nivel de gasto. Por esa razón, la discusión entre impuestos y crecimiento está unida por múltiples vasos comunicantes.
En la conferencia anual de la Fundación Mediterránea, varios expositores plantearon con claridad esta paradoja: el Estado ahoga a la actividad privada con su necesidad de cobrar gravámenes excesivos, que destina para subsidiar a las personas que no consiguen trabajo porque las empresas que deberían contratarlas están ahogadas por los impuestos.
Una propuesta para empezar a abordar esta problemática presentada en el ámbito antes mencionado apuntaba a reducir el peso de los aportes y contribuciones patronales, creando el concepto de mínimo no imponible a las cargas sociales. Su autor, Jorge Colina, destaca que paga el mismo porcentaje el que cobra $ 10.000 que quien gana $ 1 millón. No es el único camino, claro, porque también hay que generar cambios educativos que favorezcan la inserción de los jóvenes. Lo imperioso es empezar a poner los problemas en la agenda, y a transitar el debate que permita acercarse a una solución.
