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Ya entró en vigencia la nueva norma migratoria que modifica la evaluación de determinadas solicitudes de residencia permanente. El cambio comenzó a aplicarse el 18 de septiembre de 2026 y afecta el análisis que realizan las autoridades antes de aprobar una Green Card.
La medida se centra en el criterio de “carga pública”, utilizado para determinar si una persona podría depender de asistencia gubernamental en el futuro. La nueva regulación amplía los elementos que los agentes de inmigración pueden tener en cuenta al revisar cada caso.
¿Qué dicta la nueva norma sobre las solicitudes para residencia permanente?
La nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplía la forma en que los funcionarios pueden determinar si una persona que solicita ingresar al país o ajustar su estatus para obtener la residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”. Entre otros factores, podrán considerar si el solicitante pidió, fue aprobado para recibir o recibió beneficios públicos sujetos a pruebas de ingresos.
La norma no establece que haber recibido una ayuda pública provoque automáticamente el rechazo de la Green Card. La decisión debe realizarse teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de cada solicitante, incluida la duración, el monto y las condiciones en las que recibió determinados beneficios. El DHS aclara que no evaluará los beneficios recibidos directamente por otros integrantes de la familia.
¿Cuál es el objetivo de esta norma?
El Gobierno estadounidense sostiene que el objetivo es reforzar el principio de autosuficiencia económica dentro del sistema migratorio y permitir que los funcionarios analicen con mayor amplitud si una persona podría depender de recursos públicos una vez obtenida la residencia.
¿A quiénes afectaría esta nueva norma para la residencia permanente?
La modificación afecta principalmente a las personas que están sujetas al análisis de inadmisibilidad por carga pública cuando solicitan ingresar a Estados Unidos como inmigrantes o realizan un ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes legales.
El DHS estima que alrededor de 588.000 solicitantes por año pueden quedar sujetos a este tipo de revisión. No obstante, no todas las categorías migratorias están alcanzadas, ya que la legislación mantiene distintas exenciones, entre ellas determinadas vías humanitarias y categorías especialmente protegidas por el Congreso.
