El sistema financiero en México tendrá este año un importante cambio para el que todos los usuarios deben estar preparados. A partir del 1 de julio de 2026, todas las instituciones bancarias del país estarán obligadas a implementar medidas de verificación reforzada para operaciones de alto monto en efectivo.

Esta disposición, impulsada por la Asociación de Bancos de México (ABM) y supervisada por la CNBV, establece que cualquier cliente que desee realizar un depósito o retiro mayor a 140,000 pesos deberá cumplir con nuevos requisitos de identidad que van más allá de una simple firma.

Identificación biométrica: El nuevo estándar en ventanilla

Ya no bastará con presentar tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte). Los bancos ahora integrarán validaciones tecnológicas avanzadas para blindar tu cuenta contra fraudes y suplantación de identidad. Entre los cambios más relevantes destacan:

• Datos Biométricos: Se requerirá el registro de huella dactilar o reconocimiento facial al momento de la transacción en sucursal.
• Validación en Tiempo Real: El sistema cotejará tus datos con las bases oficiales para autorizar el movimiento de forma instantánea.
• Cuentas Referenciadas: Todo depósito masivo deberá estar plenamente rastreado, eliminando la posibilidad de operaciones anónimas.

Para evitar contratiempos en 2026, los expertos recomiendan migrar la mayor cantidad de operaciones a transferencias electrónicas (SPEI)o pagos digitales, los cuales no están sujetosa esta nueva restricción de biometría obligatoria por monto, ya que cuentan con sus propios mecanismos de rastreo digital.

¿Qué pasa si te niegas a entregar tus datos?

La normativa es estricta: si un usuario intenta realizar una operación que supere el umbral de los 140 mil pesos y no cuenta con su identificación o se niega a la validación biométrica, el banco tendrá la obligación legal de bloquear la transacción.

El movimiento quedará registrado como una operación no concluida y el cliente deberá reprogramar el trámite una vez que cumpla con todos los protocolos de seguridad. Según la ABM, esta medida no busca fiscalizar de forma punitiva, sino proteger el patrimonio de los ahorradores y alinear a México con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.