Fuente: Montaje: El Cronista
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El presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra la Universidad de Harvard, a pocos días de una audiencia que definirá el futuro de miles de estudiantes extranjeros cuyas visas podrían ser revocadas. Las autoridades podrían cancelar los contratos federales con el instituto, valorados en aproximadamente USD 100 millones, con la intención de imponerle un control sin precedentes.
Un borrador de carta dirigido a las agencias federales les ordena identificar sus vínculos contractuales con Harvard y buscar "proveedores alternativos" para futuros servicios. Dicha medida se suma a una serie de acciones impulsadas por Trump para presionar a la institución en términos económicos.
Hasta ahora, el Gobierno ya congeló contratos y subvenciones por un total estimado de USD 3.200 millones.
La política migratoria de Estados Unidos que podría dejar afuera a los estudiantes extranjeros
El mandatario estadounidense ya había anticipado esta medida contra Harvard mediante un mensaje en Truth Social, en el que acusó a los estudiantes extranjeros de incluir "radicales lunáticos y agitadores".
Recientemente, el Gobierno generó alarma global al impedir que la universidad inscribiera a nuevos estudiantes e investigadores internacionales, una decisión que puso en riesgo la permanencia de miles de alumnos. Quienes ya habían sido admitidos temen ahora no poder ingresar al país, mientras que los que ya cursan están bajo amenaza de deportación.
¿Qué porcentaje de Harvard son estudiantes extranjeros?
Actualmente, Harvard cuenta con más de 6.000 estudiantes extranjeros provenientes de 140 países, entre ellos 58 argentinos. Esta medida deja en suspenso el estatus migratorio de todos ellos, aunque una jueza federal en Boston detuvo temporalmente su implementación.
La magistrada convocó a una audiencia de urgencia para escuchar los argumentos de ambas partes. En esta línea, se aguarda la resolución final respecto a la revocación de visas.
¿A qué se debe la postura de Trump contra Harvard?
La actual administración acusa a Harvard de promover el progresismo radical, de mantener criterios de admisión basados en la diversidad racial pese al fallo en contra de la Corte Suprema y de tolerar expresiones antisemitas en su campus.
El Departamento de Seguridad Nacional también exigió a la universidad la entrega de registros relacionados con supuestas "actividades ilegales, peligrosas y violentas" protagonizadas por estudiantes extranjeros en los últimos cinco años.
Las autoridades académicas rechazan los señalamientos y argumenta ante la justicia que se encuentran defendiendo sus derechos constitucionales, especialmente los vinculados a la libertad de expresión y autonomía educativa.
A diferencia de otras instituciones como Columbia, que cedieron ante algunas exigencias del Gobierno para mantener sus fondos, Harvard optó denunciar que la intervención en su equipo docente, sistema de admisión y planes de estudio.
Además de la demanda vinculada a las visas estudiantiles, Harvard presentó otra acción legal para recuperar más de USD 3.000 millones en fondos federales suspendidos.
