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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una multa de 777.8 millones de pesos a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien), además de inhabilitarlos por 10 años del servicio público.
La misma resolución sancionó a 23 servidores públicos más de distintas dependencias federales, según información de La Jornada.
Desvío de recursos en Segalmex
Los cuatro funcionarios más severamente sancionados fueron María G., René G., Miguel C. y Juan R., adscritos a la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos y a la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, institución heredera de AliBien.
Según la investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los cuatro incurrieron en gastos excesivos de recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos durante 2019, fondos destinados a subsidios para familias en situación de vulnerabilidad, utilizados indebidamente en gastos de operación.
También reasignaron recursos del mismo programa al Programa de Fertilizantes en 2019 sin autorización apropiada, lo que fue catalogado como falta grave que comprometió la disponibilidad de recursos para beneficiarios de programas de seguridad alimentaria.
La inhabilitación de 10 años les impide ocupar cargos en la administración federal durante ese periodo.
Otras sanciones en dependencias federales
En la CFE, Ramiro R., de la Zona Torreón, fue inhabilitado un año y multado con 9 mil pesos por recibir dinero en 2023 para eliminar adeudos de luz.
En el INM, Shiddarta V. recibió una multa de 1,380 pesos e inhabilitación de un año por sustracción de bienes en 2021.
En el IMSS, el médico Carlos M., de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, fue inhabilitado un año por practicar radiografías de pelvis a una paciente sin su autorización en 2022. En la misma institución, Marco C. fue inhabilitado tres meses por falsificar la firma de su superior en 2024, y Yazmín V. recibió suspensión de 15 días por faltas de respeto en 2023.
En Pemex, Luis J. fue destituido e inhabilitado tres meses por introducir alcohol y dirigirse irrespetuosamente a compañeros en 2025; Margarita S. y Graciela P. recibieron suspensión de 30 días por presentar de forma incorrecta una denuncia ante la FGR en 2024.
En la SSPC, Manuel S., del Cefereso No. 15 en Chiapas, fue inhabilitado cuatro meses por introducir estupefacientes en 2023.
Derecho a impugnar y estrategia anticorrupción
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno afirmó que defenderá las resoluciones “apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.
Reconoció además que los sancionados tienen derecho a impugnar la resolución ante instancias administrativas y jurisdiccionales superiores, y se comprometió a defenderlas “con la misma firmeza con que fueron dictadas”.
Estas sanciones forman parte de la estrategia de la dependencia para erradicar la corrupción en la administración pública federal, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
La Secretaría exhortó a ciudadanos y servidores públicos a denunciar conductas contrarias a la legalidad a través del portal denuncias.gob.mx.
