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El pleno del Senado respaldó por unanimidad la creación de un padrón público que limitará trámites, candidaturas y hasta la salida del país a quienes incumplan con la manutención de sus hijos.
El Senado de la República aprobó con 84 votos a favor y sin ninguno en contra, la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. La medida reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados desde 2019, pero permaneció congelado cuatro años hasta marzo del 2026. Fue la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, quien lo rescató y llevó al Pleno. “La pensión alimentaria debe garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país”, sostuvo desde tribuna.
Cuáles son los trámites que requerirán el certificado de no inscripción al registro
Quienes figuren en el padrón enfrentarán restricciones en trámites clave, como:
- obtener licencia de conducir
- tramitar o renovar el pasaporte
- realizar operaciones notariales de compraventa de inmuebles.
En todos estos casos será obligatorio presentar un certificado que acredite no estar inscrito en la lista de Deudores Alimentarios Morosos.
También será exigible al solicitar matrimonio ante el Registro Civil, que deberá informar a los contrayentes sobre cualquier deuda alimentaria registrada. Además, los deudores morosos no podrán postularse a cargos de elección popular, puestos concejiles ni participar en la designación de magistrados o ministros.
Quiénes se verán afectados por esta nueva ley
Los números son reveladores: el INEGI reporta que siete de cada diez padres divorciados no cumplen con la manutención, según citó en tribuna la senadora Mayuli Martínez (PAN). “Es un problema que aqueja a millones de familias en México”, advirtió.
La senadora Geovanna Bañuelos (PT) recordó que, según la Suprema Corte, los “alimentos” incluyen educación y esparcimiento, no solo subsistencia. El registro representa así una herramienta de presión institucional para cerrar la brecha entre el derecho reconocido en la ley y su cumplimiento real.
